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CC contrató abogados externos en La Laguna durante 14 años

Pese a que ahora critica esa misma práctica, con Oramas, Clavijo y Díaz se hacía con contratos fraccionados por causa, un método más oneroso para el Ayuntamiento que las actuales igualas
Los exalcaldes laguneros Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. DA
Los exalcaldes laguneros Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. DA
Los exalcaldes laguneros Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. DA

Durante la etapa de Coalición Canaria, el Ayuntamiento de La Laguna contrató durante al menos 14 años a distintos bufetes de abogados para la dirección letrada de pleitos en los tribunales de justicia, particularmente en la jurisdicción contencioso-administrativa.

A pesar de que ahora los concejales de CC critican ese tipo de contrataciones al actual equipo de Gobierno (PSOE, Unidas Podemos y Avante), a lo largo de los mandatos municipales en esa ciudad de Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz se hacía por el procedimiento de encomiendas pleito a pleito, según informa Ahora.Plus. Este método eleva la factura de asesoría jurídica a considerables sumas de dinero cada año sin posibilidad de fijar una cantidad estable porque jamás se empleó el método de la iguala, más económico para las arcas municipales y que es el utilizado por el actual equipo de Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) .

Además, la contratación pleito a pleito que llevaban a cabo los coalicioneros en La Laguna motivó los consiguientes reparos por parte de la Intervención Municipal, que eran sistemáticamente levantados por los citados alcaldes de CC, una práctica característica -como es sabido- de su modo de regir la Corporación local en cuestión.

Sin embargo, ello no ha impedido que Coalición centre ahora sus ataques al actual grupo de gobierno en La Laguna por dos contratos de 15.000 euros cada uno con la abogada Sandra Rodríguez, quien ha cubierto con esas cantidades más de una veintena de pleitos distintos cada año, precisamente por haberse optado por el método de la iguala y no por el de pago pleito a pleito.

Además, esa contratación fraccionada que practicó CC en La Laguna choca con los topes actuales establecidos desde hace unos años por la Ley de Contratos del Estado, que oscilan entre los 15.000 y los 18.000 euros. Tales cantidades son superadas holgadamente por lo facturado anualmente por algunos de los abogados a los que recurría CC cuando tenía el bastón de mando.

También llama la atención el volumen de las contrataciones, dado que, durante las etapas de Oramas, Clavijo y Díaz, hay un despacho de abogados que, en total, cobró casi un millón de euros al Ayuntamiento.

Las graves carencias de letrados que sufre la asesoría jurídica del Ayuntamiento de La Laguna han obligado a contratar abogados externos para que se ocupen de los distintos pleitos a los que necesariamente se ve sometida la Corporación en los tribunales de justicia. En este sentido, la documentación más antigua a la que se ha tenido acceso se remonta al año 2006, siendo Ana Oramas la alcaldesa de la ciudad.

Pese al notable gasto inherente a contratar a algunos de los mejores letrados locales por el sistema empleado por CC durante tantos años, el Ayuntamiento de La Laguna sigue, a día de hoy, sin convocar plazas de letrados en sus servicios jurídicos y sin convocar un concurso público para hacer frente a estas asesorías jurídicas recurrentes en materia contencioso-administrativa y laboral, principalmente.

Además, las prácticas de CC en el tema que nos ocupa permite a los despachos de letrados y letradas conducirse libremente por los procesos judiciales, de manera que, frente a un mismo asunto con distintas causas abiertas incluso en distintos juzgados, estos pueden optar por no solicitar la acumulación y, por lo tanto, cobrar por cada procedimiento por separado, como si uno fuera distinto del otro, aunque no sea así.

En la documentación municipal se comprueba cómo hay despachos que no han dudado en aprovecharse de ello, como, por ejemplo, pasó en octubre de 2012 con cuatro procedimientos abreviados dirigidos por el mismo despacho y dos de los cuales llevan números correlativos (el 467/2011 y el 468/2011), ambos en el mismo juzgado de lo Contencioso número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que se tramitan por separado y se cobra 5.350 euros por cada uno de ellos.

Algo similar ocurre en el procedimiento abreviado 235/16, ya con José Alberto Díaz como alcalde, donde se observa que el mismo bufete cobra 4.280 euros por su tramitación ordinaria y 2.140 por una apelación de sentencia, lo que eleva el precio del litigio por encima de una negociación de iguala, como la que ahora critica Coalición.

Frente a estas prácticas, el actual grupo de gobierno en La Laguna quiso optar por la fórmula de la iguala con una de las abogadas más temidas por Coalición Canaria, Sandra Rodríguez, que ha actuado en algunos pleitos muy llamativos, como el caso Grúas o el caso Reparos, en los que han aparecido involucrados precisamente dos exalcaldes de la ciudad, Fernando Clavijo, expresidente de Canarias, y José Alberto Díaz, actual portavoz de los nacionalistas en la Corporación. Pero no solo han sido esos asuntos relacionados con presunta corrupción los que han ocupado a esta letrada. También fue la abogada que ejerció en nombre de Podemos la acusación popular contra el juez Salvador Alba.

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