“Le he dicho al juez lo mismo que he venido repitiendo desde que Europa multó a España por los vertidos al mar, que esa responsabilidad no puede ser de los ayuntamientos cuando la competencia es supramunicipal”, señaló Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar desde mayo de 2013 a junio de 2019, tras efectuar su declaración en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar, en la causa abierta por un presunto delito medioambiental a causa de la contaminación marina generada por el emisario submarino del Polígono Valle de Güímar.
Luisa Castro, al contrario de los otros declarantes, la alcaldesa (Mari Brito) y el exalcalde de Candelaria (José Gumersindo García), así como concejales de Urbanismo de Candelaria y Güímar, no tuvo reparos en comentar lo que le manifestó al juez durante más de una hora de comparecencia, justo después de que lo hiciera el exedil de Urbanismo, Francisco del Rosario.
La ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento güimarero, que llevó a la sede judicial con un amplio dosier con documentación -“que el juez apenas me dejó enseñar”, dijo-, incidió en su declaración que los vertidos producidos por el emisario submarino “era una competencia del Consejo Insular de Aguas, como se recoge en el Plan Hidrológico de Tenerife, tras el traspaso de esa competencia en 2006, cuando el Gobierno de Canarias incorporó a los presupuestos la EDAR Valle de Güímar, y así se demostró cuando Europa impuso las multas que Güímar no estaba obligada a pagar”, comentó Castro. Asimismo, añadió que “en julio de 2017 el Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas, publicó la licitación de la obra de la depuradora comarcal”, demostrándose con ello que “la infraestructura es considerada obra hidráulica y en la medida en que, en el presente caso, afecta a más de un municipio, es evidente su carácter supramunicipal”, según detalla un informe del Gobierno de Canarias y que Castro entregó ante el juez, tras la denuncia de Sí se puede e Izquierda Unida en 2017 por los vertidos al mar desde un emisario que no tenía autorización desde 2011, información, según los responsables municipales de los tres ayuntamientos, que fue omitida en la recepción que se produjo el 13 de julio de 2013 del Polígono a los tres ayuntamientos de parte de la Asociación Mixta de Compensación (empresarios).
Hoy les toca declarar a los gerentes del Ciatf en la etapa que se investiga (José Fernández Bethencourt y Javier Davara) y mañana lo harán el exalcalde de Arafo, José Juan Lemes, y los exediles Domingo Marrero y Rosendo Batista.
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