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Las peleas de perros de Güímar, aún sin veredicto judicial

Cuatro años después de la redada en un chalé de La Medida, todavía no hay fecha para el juicio de los 23 encausados
El ring donde se comenzaron a celebrarse las peleas de perros en un chalé de La Medida, interrumpidas por la Policía Nacional el 18 de febrero de 2017 / F.P.

Hay pocas imágenes, en 40 años de profesión, que a uno le hayan impactado tanto como las vividas hace cuatro años, el 19 de febrero de 2017, en un chalé de La Medida, en Güímar, el día después de la mayor redada contra una organización criminal dedicada a peleas de perros y apuestas ilegales. Cuatro años después, los 23 acusados -8 de ellos de Tenerife- siguen pendientes del juicio que se ha de celebrar en Torrejón de Ardoz (Madrid), por ser ese juzgado el que ordenó tan espectacular redada.

Aquel 19 de febrero, Modesto Díaz, un conocido transportista de la construcción, conocido en Güímar como el de los castillos, no tuvo reparos en enseñarnos el chalé donde sucedieron los hechos. El constructor, junto a dos de sus hijos, Fernando y Armando, nos relató que “solemos alquilar la casa los fines de semana y siempre a gente mayor, porque no queremos jaleos con los jóvenes, pero esto se ha ido de madre”, mientras nos enseñaba la puerta principal rota por la intervención policial y las tres habitaciones y el salón revueltos, con bolsos, ropa y comida desperdigadas por el suelo, así como algunos DNI y más de una pastilla de hachís.

En los cuartos, los bolsos todavía tenían la identificación del embarque, de Gran Canaria o de la Península, mientras que por el suelo se observaba alguna jeringuilla y productos veterinarios, así como los cazos para dar de comer o beber a los animales, porque, los perros, para evitar cualquier manipulación del rival, dormían en las habitaciones con sus transportines. “Alquilamos la casa a un señor de unos 40 años, de buen aspecto”, comenta Modesto Díaz, quien les dijo que la querían para hacer una fiesta “con amigos de Las Palmas”. “Normalmente les dejo entrar los viernes por la noche para que dejen la casa el domingo por la tarde”, contó el propietario de un chalé apartado a donde se llega por una sinuosa pista asfaltada por la que solo cabe un coche y a donde los participantes llegaban, para no perderse el indigno espectáculo, siguiendo una pegatina (M/A) puesta desde Güímar en los contenedores de basura.

Intervención policial

Mientras unos asaban costillas, otros apostaban en torno a un cuadrilátero de diez metros cuadrados cómo se despellejaban un pitbull y un bardino, en el primer combate de una noche que se presumía intensa. Y tanto. A las ocho y media una veintena de policías nacionales venidos exprofeso de la Península interrumpieron semejante festejo, mientras un helicóptero con potentes luces alertaba a los vecinos de Agache de que algo grave estaba ocurriendo. La Policía Nacional registró y cacheó a la veintena de individuos que quedaron arrestados, mientras un grupo de veterinarios se hacía cargo de una docena de perros, tres de ellos heridos de consideración que fueron tratados en la clínica Añaterve de Güímar.

Al día siguiente, cuando DIARIO DE AVISOS pudo entrar en el chalé, solo quedaba un perro, el bardino muerto en una gran bolsa de basura, que había perdido la primera y única pelea que se pudo celebrar antes de que la Policía interviniera para coger a los organizadores “con las manos en la masa”, algunos comiendo pipas en el antepalco del ring como si se tratara de un gran espectáculo deportivo, apostando miles de euros.

De la veintena de detenidos que pasaron el lunes siguiente por el Juzgado de Güímar, 10 fueron enviados a prisión, aunque días más tarde salieron en libertad bajo fianza de 3.000 a 24.000 euros. Entre los detenidos, ahora acusados, está F. C. G., policía local de Adeje, al que se relaciona con una finca en el Valle San Lorenzo, donde aparecieron decenas de perros muertos en un barranco, muchos de ellos de pequeño tamaño, sparrings de los PPP (perro potencialmente peligroso). De ahí se rescataron 226 canes, 42 de ellos muertos. Este policía, condecorado en 2014 por Adeje, se mantiene fuera de servicio, aunque ha insistido en incorporarse a su plaza.

También está acusado un conocido adiestrador de perros de El Ortigal y J. C. H., veterinario de La Orotava, aunque los presuntos cabecillas en Tenerife de la red que dirigía Á. O. desde Torrejón -está acusado también de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas- serían E. P. C. y su hijo, residentes en Añaza.

A raíz de este triste episodio, se sucedieron manifestaciones en la Isla contra el maltrato animal y para exigir una nueva ley de bienestar animal que sustituyera la Ley 8/1991, con los cazadores y galleros, contrarios a la misma, contramanifestándose también. La proposición de ley fue presentada hace unas semanas en el Parlamento.

471 años o 104 años de cárcel

La acusación popular impulsada desde el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife solicitó un total de 471 años de cárcel para el conjunto de 23 acusados (122 y cuatro meses para los ocho de Tenerife) en el procedimiento abierto por el Juzgado Número 3 de Torrejón de Ardoz, pendiente del juicio oral. Sin embargo, la Fiscalía rebaja a 104 años las penas de cárcel para los 23 acusados, por delito continuado de maltrato animal.

El escrito de conclusiones provisionales también pide un total de 1.381 años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Mila Hormiga, exconsejera de Podemos, presentó la acusación particular / DA

Podemos, acusación particular

Ni el Colegio de Veterinarios ni ninguna asociación animalista. El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife, del anterior mandato, es el único que formalizó su personación como acusación popular que juzga la trama de peleas de perros y apuestas ilegales descubierta en Güímar.

La consejera entonces, y hoy sin cargo político, Mila Hormiga, recuerda que “pusieron trabas de todo tipo, como tener que dar una fianza de 10.000 euros en el Juzgado Número 3 de Torrejón de Ardoz, que instruye la causa”, cuando a los acusados se les ha pedido una media de 3.000 a 6.000 euros”, comenta la exconsejera.

Recuerda que en la acusación Podemos pide casi el cuádruple de años de penas de cárcel (471) que la Fiscalía (104) y que lamenta que hayan pasado cuatro años sin celebrarse el juicio oral, aunque ponen como excusa la pandemia. “Tenemos especial interés en que se dilucide la magnitud de esta trama y, en particular, quiénes están detrás”, afirma Mila Hormiga.

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