Será el Gobierno de Canarias el qué decida cómo se proceda a la retirada del conocido como monumento a Franco situado en la confluencia de la avenida de las Ramblas de Santa Cruz y la avenida Francisco La Roche, si es que considera que así debe hacerse. Y es que, tal y como explicó ayer la concejala de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, Gladis de León, durante su comparecencia en la Comisión de Control, solicitada por Unidas Podemos, en estos momentos se impone el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Canarias. Así, recordó la concejala que esta ley, en su artículo 12 establece la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas por parte de una comisión técnica, y en el artículo 13 que, para proceder a retirar símbolos franquistas, deberán estar previamente recogidos en ese catálogo. “Por tanto, nosotros estamos cumpliendo la ley, y por eso ya hemos enviado al Gobierno de Canarias el estudio realizado por Isabel Navarro, tal y como nos lo han solicitado para elaborar ese catálogo”, explicó de León. La también edil de Cultura añadió que “además les hemos hecho llegar el resto de informes que estaban en el Ayuntamiento sobre este monumento, como son los de la Real Academia de Bellas Artes, Fundación Cicop, y Universidad CEU San Pablo”.
De esta forma, a pesar de que la Ley de Memoria Histórica estatal data de 2007, y que el informe encargado por el Ayuntamiento se entregó en 2019, dos años después, es el Gobierno de Canarias el que tiene la pelota en su tejado. Según la concejala, en este momento solo se puede esperar por este catálogo de vestigios, pidiendo al resto de grupos el mismo “consenso” expresado en la última reunión del Consejo de Memoria Histórica municipal, celebrado en diciembre de 2019, que abordó este tema. Recordó de León que, “entonces llegaron al acuerdo de solicitar un informe jurídico al secretario del Pleno para ver cómo cumplir las directrices del informe de la catedrática Navarro”. La edil aseguró que ese informe “no está, no existe” y que ni siquiera se llegó a pedir. “Ya lo he solicitado para que se elabore, y aportarlo junto al resto de la documentación solicitada por el Gobierno de Canarias”.
Esta última afirmación, la de la inexistencia de la petición del informe jurídico, fue rechazada tanto por el PSOE como por Cs, grupos que gobernaban en ese momento. “Esa petición existe, tanto verbalmente como por escrito. Al término de la reunión se le pidió al Secretario el informe y fue él quien nos pidió que lo hiciéramos por escrito, cosa que hicimos”, defendió la portavoz de Cs, Matilde Zambudio. La concejala hizo notar que, si bien podía compartir que en estos momentos, con una pandemia de por medio, actuar sobre el monumento no sea una prioridad, “la Ley de Memoria Histórica se aprobó en 2007”.
En los mismos términos se expresó Yaiza Gorrín, concejala de Unidas Podemos que pidió la comparecencia de Gladis de León. Gorrín, que leyó los pasajes más contundentes del informe de la catedrática de Historia de la Universidad de La Laguna, en los que se deja claro que el monumento a Franco incumple la Ley de Memoria Histórica, insistió en que “ustedes tenían ese informe desde 2019, y aunque ahora los tiempos lo marque la Ley de Memoria Histórica de Canarias, podían haber hecho algo para acelerar los pasos a dar en este asunto”.
Por su parte, el portavoz socialista, José Ángel Martín, que ratificó las palabras de Matilde Zambudio sobre la petición del informe jurídico, remarcó que “el monumento a Franco es ilegal, no cabe resignificación alguna o eliminación de elementos. Ha de ser retirado de la vía pública, eso no significa que tenga que ser destruido, solo que debe desaparecer un monumento que enaltece un golpe de estado”.
La última ciudad de España con monumentos en honor a Franco
Desde el PSOE, su portavoz, José Ángel Martín, recordó durante la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz que, en estos momentos, “Santa Cruz es el único municipio de España en el que se mantiene un monumento de estas dimensiones incumpliendo la Ley de Memoria Histórica”, recordando así que la última estatua del dictador fue retirada de la ciudad de Melilla, la semana pasada. En cuanto a lo qué se debería hacer con la escultura de Juan de Ávalos, tanto PSOE como Unidas Podemos, defendieron el dictamen de Isabel Navarro, que no es otro que debe ser retirado del espacio público.
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