Cáritas Diocesana cifra en 1.784 las personas que duermen en la calle o residen en infraviviendas en Tenerife, de las que el 40% llevan en esta situación menos de un año, lo que hace entrever que puede deberse, en su mayoría, a los efectos sobre la economía de la pandemia de la COVID-19.
La entidad presentó ayer en el Cabildo un informe con datos recopilados en el segundo semestre del pasado año. Un estudio que distingue entre personas que sufren exclusión residencial extrema en los últimos seis meses (21,3% del total) y entre seis y 12 meses (18,7%); de uno a tres años son el 26,3%, y más de tres, el 33,7%.
Sin embargo, la coordinadora de este trabajo, Úrsula Peñate, aportó otra cifra que no figura en el mismo: en el primer trimestre de este año, Cáritas detectó 387 nuevos casos de exclusión residencial extrema, y el 48% de ellos estaría localizado en la zona sur de la Isla.
Asimismo, el porcentaje real de personas sintecho o que viven en cuevas, chabolas, caravanas u okupando una propiedad que se han incorporado a la estadística desde hace un año, coincidiendo prácticamente con el estallido de la pandemia de la COVID-19, es incluso mayor que ese 40%.
En el 47,3% de los casos, el desencadenante son problemas económicos; el 32,5%, la carencia de una red de apoyo; el 20,7%, las adicciones; el 15,5%, dificultades de acceso a una vivienda; el 15,5%, problemas de salud; el 9,7%, violencia de género e intrafamiliar, y el 9,2%, situación administrativa irregular.
Peñate hizo hincapié en que este fenómeno “no es una cuestión de la pandemia; la diferencia es que lo está visibilizando y agravando”, si bien añadió que el virus tiene “mucho que ver”, con independencia de que existe un problema “estructural”, en alusión a quienes llevan más de tres años padeciéndolo.
También apuntó que en las zonas turísticas está aumentando el número de casos en proporción al de otros municipios de Tenerife, con desempleados, vinculados a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o que han agotado todos sus ahorros.
En estos casos, concretó, intentan ubicarse allí donde piensan que pueden sacar “algún recurso”, ya sea mendigando o para hacer uso de duchas públicas en las playas.
El Puerto de la Cruz, Arona y Adeje son las tres localidades con más personas que viven en la calle o en infraviviendas, por detrás de Santa Cruz y La Laguna, donde están “la mayoría de los recursos sociales y administrativos”, apuntó Peñate. Divididos por zonas de la Isla, el área metropolitana acapara el 59,7% de la casuística; el sur, el 23,7%, y el norte, el 16,6%.
De los 1.784 casos identificados y analizados por Cáritas en su estudio, el 33,8% lo representan personas que viven y duermen en la calle; el 26,3% pernoctan en un albergue; el 12,7% están en viviendas sin pagar alquiler; el 17,8% reside en caravanas o chabolas, y el 9,4% en inmuebles okupados.
Más de la mitad, concretamente el 54,3%, son nacidos en España. De la proporción restante, el 35% son extranjeros -los que más, marroquíes, venezolanos e italianos-, y el 10,7% no sabe o no contesta.
La franja de edad más afectada es la de los 46 a 55 años, con 283 casos (24,7%); seguida por la de 36 a 45 (18%), de 56 a 65 años (15,9%), de 25 a 35 (11,7%), de 18 a 25 (7,8%), de 0 a 17 (4,4%), de 66 a 75 (3,9%) y de más de 75 (0,7%). Seis de cada diez menores que sufren estas condiciones precarias residen en el sur de Tenerife y el 73% de los mismos son de nacionalidad española.
En cuanto a la distribución por sexo, el 78,2% de los casos identificados son hombres; el 21,4%, mujeres; el 0,3%, mujeres transexuales, y el 0,1%, hombres transexuales. Más de la mitad de estas mujeres han sufrido una agresión sexual o una tentativa, más del 60% son víctimas de violencia de género y más del 11% se han visto obligadas a ejercer a prostitución para subsistir.
De esas más de 1.700 personas analizadas en el estudio, que superan las 2.000 si se incorporan las identificadas en el primer trimestre de este año, más del 70% no tienen acceso a agua potable y cuatro de cada diez no tienen ningún tipo de atención de servicios sociales.
En el caso de inmigrantes sin papeles a los que se les ha acabado el periodo de cobertura administrativa, Cáritas hizo hincapié en que tienen mayores dificultades de acceso para cualquier tipo de asistencia por no estar empadronados.
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