El Frente Cívico contra la Pederastia en Canarias ha remitido una contundente carta abierta a Su Santidad el Papa en la que denuncia formalmente la inacción de la Conferencia Episcopal Española ante los casos de abusos sexuales dentro de la institución.
En el documento, la organización critica con firmeza la gestión de la jerarquía eclesiástica del país, a la que acusa de recurrir al traslado sistemático de clérigos implicados en lugar de erradicar el problema de manera definitiva.
La organización aclara en su escrito que el objetivo del texto no es solicitar una audiencia o recepción en persona con el Pontífice, sino servir de inspiración para activar las medidas que, según afirman, la Iglesia católica en España se niega a realizar.
El Frente Cívico inicia su exposición manifestando su defensa explícita a la labor de los 14.994 sacerdotes españoles que desempeñan un trabajo humano, moral, social y espiritual extraordinario, asegurando que estos profesionales se sienten avergonzados por las conductas de los miembros que dañan su labor y por la falta de ejemplo de la clase episcopal.
Denuncia de traslados sistemáticos y el “escándalo social”
El documento detalla de manera explícita el proceder de la jerarquía católica cuando tiene constancia de una denuncia por parte de los feligreses. El colectivo asegura que los obispos “hacen la vista gorda o, simplemente, trasladan al cura pederasta a otro lugar”, una práctica que, según advierten, provoca que los implicados continúen delinquiendo en sus nuevas parroquias. La organización recuerda que el sufrimiento infligido a las víctimas de abusos sexuales perdura durante toda la vida.
Respecto a los argumentos esgrimidos habitualmente por los obispos españoles, quienes sostienen que la pederastia en la Iglesia representa un porcentaje muy pequeño del total —concentrándose el 80% de los casos en el ámbito familiar—, el Frente Cívico responde señalando la gravedad del escándalo social y moral que supone la denuncia a un miembro del clero.
Para ejemplificar la asimetría de la responsabilidad, el colectivo equipara la gravedad del acto con la comisión de un delito por parte de un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, insistiendo en que la Iglesia no puede albergar a delincuentes sexuales entre sus filas.
El factor económico y la exigencia de reparación
En el análisis de las causas de la parálisis episcopal, la carta remitida desde Canarias apunta de manera directa a motivaciones financieras. El Frente Cívico señala que el principal impedimento de los obispos españoles para afrontar con sinceridad este drama humano es el miedo a las responsabilidades civiles subsidiarias y económicas que la Iglesia se vería obligada a abonar como indemnización.
Califican la postura mantenida hasta la fecha como una estrategia poco inteligente que ha generado una profunda degradación social y humana para la institución.
Para argumentar la necesidad de un cambio de conducta, la misiva establece una comparación con el sector industrial, recordando que cuando una empresa automovilística detecta un defecto de fabricación, lo publicita abiertamente e invita a sus clientes a reparar el fallo de forma gratuita en sus talleres, una práctica que acrecienta la confianza de los consumidores.
Finalmente, el Frente Cívico contra la Pederastia en Canarias apela directamente a los principios doctrinales de la propia Iglesia católica, exigiendo la aplicación estricta del sagrado sacramento de la penitencia. El colectivo demanda de la jerarquía eclesiástica un proceso que incluya el reconocimiento explícito de los pecados, la contrición de corazón y el cumplimiento de la penitencia mediante una reparación real y efectiva del daño causado a las víctimas.
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