No será ni el primer ni el último desahucio, y más ahora que con el fin del decreto del estado de alarma (9 de mayo), la moratoria de los desahucios decaerá. Si es novedoso que hasta un pueblo tan pequeño y casi familiar como Arafo hayan llegado las zarpas de los fondos buitres. No se trata de un o una okupa, sino de una inquilina que ha pagado -así lo demuestran sus asientos en la cuenta de su casera- todos los meses durante los cinco años que lleva residiendo en el edificio La Madriguera número 19, en la carretera Güímar-Arafo.
Hablamos con María del Carmen Soler Becerra, a quien todo el mundo en el pueblo conoce como Maica, quien desde hace dos años se siente acosada por la empresa Mulman Trade S.L., que adquirió para vender (no alquilar) cinco de las viviendas del edificio. “Me llaman casi a diario y me amenazan con cerrarme la casa y no poder sacar mis cosas, ni siquiera en la pandemia me dejaron respirar, aunque se retrasó el juicio del 29 de abril de 2020 para el próximo 26 de mayo”. Ella no tiene esperanzas de que pueda seguir disfrutando de un piso de dos plantas, bien situado y de muy buen aspecto. “Mi abogada de oficio -comenta- me ha dicho que tengo que irme, que hay un nuevo propietario y tiene el derecho a echarme”, aunque deja claro que “no se trata de que yo no haya pagado, porque aquí tienes la demostración de todos mis pagos al banco, con agua y luz incluido. Me reclamen 5.347,75 euros, desde junio de 2019 a febrero de este año”.
Desde hace dos años que supo que su vivienda había sido adquirida por esa empresa con sede en Barcelona, que está dentro de la multinacional norteamericana inmobiliaria Blackstone, cuyo representante en España en Claudio Boada Pallerés, conocido como uno de los “herederos de los ricos de Franco”, nos dicen desde Plataforma por la Dignidad, Maica Soler lleva trabajando con este colectivo antidesahucios con la ilusión de conseguir una casa de protección oficial. “Tengo el 65% de incapacidad, somos familia numerosa, soy usuaria de violencia de género y estoy en paro, que más necesito para que me den una casa”, afirma. Maica agradece “el apoyo que he recibido de los Servicios Sociales de Arafo, que me dan un ayuda para pagar todos los meses los 300 euros del alquiler, además de alimentos, pero el Ayuntamiento sabe que hay casas vacías en el municipio y no hace nada, como tampoco el diputado del Común, Cande, que lleva Visocan, o el Cabildo”, comenta. En este sentido, nos muestra las fotografías de un edificio de viviendas públicas, por encima del cementerio de Arafo, en las que señala “desde hace dos años hay una vivienda cerrada y vacía, pero el alcalde no hace nada, aquí se tapan todos”.
El alcalde, Juan Ramón Martín, conocedor desde hace meses de esta problemática, señala que “no entiendo el poco corazón que tienen estos fondos buitres”, sin que las conversaciones que ha tenido con esa empresa hayan surtido efecto, más allá de que esta haya llegado a un acuerdo con otros inquilinos para que dejaran sus pisos a cambio de 3.000 o 4.000 euros, según relató Maica Soler, a quien no le han ofrecido nunca esa cantidad, “solo llamadas amenazantes, y un burofax que no recogí, para que deje la casa”, manifiesta.
Martín comenta que “el Ayuntamiento no dispone de casas, porque esas de las que habla Maica son del Gobierno de Canarias” y recuerda que “le ayudamos en todo lo que está en nuestras manos, desde Servicios Sociales, pero no cejamos en el empeño de que podamos solucionarle el problema de vivienda”, se comprometió el regidor.
Maica Soler insistió en que “si después del juicio tengo que dejar la casa, no tendré más remedio que ponerme en la puerta del Ayuntamiento con mis tres hijos y todos mis muebles. No tengo a dónde ir y no me pueden decir que me vaya del municipio o con mi hermana o mis hermanos porque ellos tienen su vida y no es la solución”, declaró, para emocionarse con lágrimas sobre su mascarilla cuando recordó que “no tengo quien me ayude desde que mi padre falleció hace seis meses”, dejándole en herencia un coche nuevo y algunos electrodomésticos.
Maica sobrevive en la actualidad “con algún cáncamo que me sale o limpiando casas”, porque no puedo recibir la ayuda de cuatro meses porque “cuando trabajé con un contrato del Ayuntamiento en la lavandería del geriátrico, el año pasado, este era de 11 meses y se necesita para la ayuda cubrir todo el año”, comentó. Ahora mismo está en pleno proceso para arreglar la PCI, mientras está cobrado el RAI (Renta Activa de Inserción) como “usuaria de violencia de género”, tras ser maltratada por su expareja en 2018.
Con María del Carmen Soler Becerra, de 43 años, viven sus hijos Daniel, Eduardo y Evelyn, de 17, 23 y 5 años, los dos primeros ya destacados deportistas de boxeo y kickboxing y la pequeña, entusiasta del ballet. Los tres ya elucubraban el sábado qué regalo le iban a ser a su progenitora en el Día de la Madre.
Por último, Maica no quiso desaprovechar la ocasión para recordar que “está bien que se ayuden a todos esos inmigrantes que se juegan la vida en el mar para llegar hasta Canarias, pero no entiendo que el Cabildo alquile aquí en Arafo todo un edificio para ellos y no sea capaz de ofrecer una casa a una madre con tres hijos, con discapacidad, maltratada por violencia de género y desamparada”.
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