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La pandemia deja 1.500 nuevos usuarios en Servicios Sociales en el Puerto de la Cruz

El perfil del solicitante de las ayudas cambia: un 76% son mujeres, de entre 35 y 70 años y con cualificación profesional
El perfil del solicitante de las ayudas cambia: un 76% son mujeres, de entre 35 y 70 años y con cualificación profesional
La crisis sanitaria ha obligado a 3.000 portuenses a acudir al Banco de Alimentos. Sergio Méndez

La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la realidad de los servicios sociales de todos los ayuntamientos y el perfil de los usuarios. Personas que hasta el momento eran casi impensable que podían solicitar algún tipo de ayuda económica o para alimentos, se ven obligadas a hacerlo debido a que algún miembro de la unidad familiar ha perdido su trabajo o se ha visto afectado por el ERTE. Desde abril de 2020, la tendencia general es que no solo hay más personas que atender, sino más demandas y retos que afrontar.


En el Puerto de la Cruz, un municipio que vive del turismo, esta realidad es todavía más acuciante hasta el punto de que los usuarios nuevos se han cuadriplicado en 2020. Sin poder cuantificar el número exacto de cuántos son en la actualidad, desde el área de Derecho Social, Voluntariado y Políticas Inclusivas confirman que se han atendido a 1.500 usuarios nuevos contra los 300/400 cronificados de 2019, es decir, personas que por una situación de vulnerabilidad eran recurrentes.


De acuerdo a los datos proporcionados por la citada Concejalía, el mes donde se dispararon las ayudas fue abril, que se tramitaron 546 solicitudes, el equivalente a un importe de 320.000 euros contra los 150.000, 15.000 o 30.000 de meses anteriores. Las aprobadas en los cuatro meses de este ejercicio superan estas últimas cantidades, alcanzando un total de 325.000 euros.


En total, las ayudas prestadas el pasado año fueron 1.782 (899.703 euros) y en ellas se incluyen no solo la prestación económica básica, sino otros recursos mensuales que se demandan, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el ingreso mínimo vital o las ayudas al alquiler, entre otros.


Además de los expedientes administrativos, desde el área se han realizado más de 3.000 derivaciones a los bancos municipales de alimentos, que junto a las tarjetas sociales que ha contratado el Ayuntamiento, han permitido solventar las necesidades básicas de la ciudadanía portuense, detalla el concejal Jonás Santana.


El perfil de los solicitantes también ha cambiado. En la actualidad, el 76% son mujeres, con edades comprendidas entre los 35 y los 70 años, y con cualificación profesional. En este sentido, el edil añade que entre los nuevos usuarios hay un alto porcentaje de autónomos, trabajadores en ERTE o incluso empresarios que han visto reducidos sus ingresos, y tienen que hacer frente a un alquiler y gastos corrientes en un momento en el que la hostelería y el comercio en general han decaído.


El hecho de que sea mayoritariamente la mujer quien acuda a los servicios sociales no solo es por una cuestión de “vergüenza”, sino que responde a una realidad que no cambia y que hace difícil conseguir una igualdad “real y efectiva”, y es que este colectivo sigue llevando la gestión de los gastos del hogar.


Pese al aumento considerable de usuarios, la situación “está bastante controlada”, asegura Jonás Santana. El Gobierno local prevé una modificación de crédito para dotar con un millón de euros más al área en este ejercicio y todavía hay pendientes subvenciones solicitadas a otras administraciones que van a suplementar esta cantidad. Asimismo, se han aprobado 500.000 euros para otro tipo de servicios que permitan seguir favoreciendo proyectos de innovación social y formación.


La situación actual se superará, asegura Santana, pero llevará tiempo. “Hay usuarios que vuelven al mercado laboral, pero siguen teniendo un desfase de deuda que incluso a veces los lleva a hacer peligrar su propia vivienda o determinados suministros, como el eléctrico, que les dificulta satisfacer las necesidades básicas diarias”, explica.

El tiempo de atención se ha reducido a menos de diez días

Jonás Santana subraya que se han reducido los tiempos de atención a los usuarios, siendo atendidos en menos de 10 días, salvo situaciones de emergencia que se solventan el mismo día. Lo mismo ha sucedido con la gestión y tramitación de las ayudas sociales, que “se siguen abonando entre 15 y 20 días desde el inicio del expediente. “Hacemos todo lo posible para contestar con celeridad todos los requerimientos y simplificar los trámites administrativos, porque sabemos que la situación es extraordinaria y muchas familias no pueden esperar a recibir esa ayuda”, recalca.

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