Los 24 fallecidos del cayuco que apareció a la deriva a 500 kilómetros de la isla de El Hierro, y que fueron remolcados en su propia embarcación hasta el muelle de Los Cristianos el pasado 28 de abril, se encuentran desde entonces en el Instituto de Medicina Legal, en Santa Cruz de Tenerife, a la espera de que la autoridad judicial determine su sepultura.
Mientras tanto, los cuerpos en el IML, dos semanas después, están en un estado avanzado de putrefacción, según desveló su director, Jesús Vega, en El País, en un llamamiento de auxilio ante la escasez de espacio de un instituto, que, además, se encuentra en obras. “Por mucho que los tengamos neveras, no podemos impedir su putrefacción”, dijo reclamando una rápida intervención del Juzgado.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona es consciente de que el tiempo apremia, pero indica que su labor fundamental es la tutela de los derechos de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción, y en el presente caso, de los familiares de los fallecidos. Y su deber es ser garante de su derecho a que reciban sepultura en las mejores condiciones.
Señalan desde el Juzgado que una familia reclamó uno de los 24 cuerpos y que ha facilitado una muestra de ADN de un hermano del supuesto finado, y esta va a ser cotejada con el ADN de los cadáveres. Lo que tarde esta prueba será lo que se retrase esta situación, y si el próximo lunes o martes este asunto no se ha resuelto, la autoridad judicial tomará una nueva decisión sobre qué hacer con todos los cadáveres de ese cayuco.
La ley establece que los cadáveres se han de enterrar en el municipio en el que fallecieron, en este caso Arona, por ser el primer puerto al que llegaron. Pero este municipio comunicó que no tiene hueco en su único cementerio, mientras se han ofrecido Santa Cruz para acoger a 15 y Candelaria, en el camposanto de San Francisco, en Igueste, para que los nueve restantes descansen en paz.