El Ayuntamiento de Arafo, pese a la representación de un prestigioso gabinete de abogados, tendrá que pagar las costas al solicitar de manera indebida una aclaración de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 26 de mayo de 2021 favorable al sindicato policial Stap, en la cual se obliga a la anulación de la oferta pública de empleo de una plaza de oficial de la Policía Local.
El consistorio procedió a presentar una solicitud de aclaración de la sentencia nuevamente, excediendo claramente este derecho y pretendiendo que fuera modificada, tal y como se expone textualmente en el auto de fecha 25 de junio de 2021, “basta una atenta lectura a la solicitud para apreciar que se trata de una crítica a la sentencia dictada pretendiendo así la modificación del fallo de este tribunal”, acordando el TSJC la desestimación y condenando además al pago de las costas al Ayuntamiento de Arafo.
Cabe recordar que la plantilla actualmente se compone de tres agentes y el oficial jefe, por lo cual dicho sindicato, avalado por informes de Función Pública, consideró la creación de una segunda plaza de oficial completamente innecesaria ya que, de acuerdo a lo regulado acerca de la ratio, establecido en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, esta debería estar compuesta por al menos siete policías y un oficial, para prestar un adecuado servicio a los vecinos, sería por tanto de sentido común la cobertura de cuatro agentes más y no de otro oficial como se pretendía desde la etapa del exalcalde José Juan Lemes.
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