La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado un total de cuatro años y seis meses de prisión para la líder municipal del Partido Popular (PP) en La Orotava y concejal de dicho Ayuntamiento norteño, Patricia Fernández, quien ya tuvo que acudir a declarar por estos hechos a mediados de 2019, tal y como adelantó en su día este periódico.
Ahora, la novedad radica en que esta calificación penal de lo sucedido por parte del Ministerio Público se incluye en su solicitud para que finalice la instrucción y se declare la apertura de juicio oral, cuya celebración cabe presumir que no se prolongará excesivamente en el tiempo.
Dicho escrito, dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de la villa orotavense, arroja una novedad respecto a la querella inicial, dado que en el mismo no solo se acusa a Fernández de la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, sino también por el de administración desleal.
Todo tiene relación con una empresa, Tenesema S.L., de la que Patricia Fernández posee el 50% de las acciones, mientras que el 50% restante es de su prima, la querellante. En la extensa querella presentada se relata, con aportación documental, un supuesto quebranto intencionado de la economía de dicha empresa cifrado en más de medio millón de euros, aproximadamente, y que ahora la Fiscalía cifra en 629.795,5 euros respecto a 2013. “No obstante, la acusada se aumentó el salario que percibía por la administración de la sociedad cada año hasta 2016, y se concedió anticipos a cargo de la sociedad por valor de 56.108,26 euros, utilizó bienes de la sociedad, y singularmente un vehículo AUDI TT (…) y un ordenador para fines ajenos a la entidad, sin abonar cantidad alguna por ello a la sociedad, e incluso cargó en la cuenta de Tenesema, S. L. pequeños gastos privados”, sostiene ahora la Fiscalía.
Pese a que la prima no quiso firmar las cuentas de 2013 dado lo ruinoso de la gestión de la empresa, Fernández presuntamente falsificó la documentación sobre este respecto ante el Registro Mercantil al año siguiente, siempre según la versión del Ministerio Público. Además, se le acusa de apropiación indebida por hechos acaecidos en 2016, cuando supuestamente la encausada “acudió al almacén que la sociedad tenía en Piedra Redonda, Puerto de la Cruz, y se llevó (…) una máquina mini pala cargadora marca CASE modelo 445, con número de serie N5m402336, que había sido adquirida por 34.186 euros; una máquina compactadora modelo VMD62, con número de serie JKC3105507, comprada por 10.200 euros; y una miniexcavadora marca CASE CX31B, con número de serie N5GN01264 adquirida por un importe de 39.000 euros”, dándose la circunstancia de que dicha maquinaria habría sido utilizada por empresas de la competencia en obras llevadas a cabo en el término municipal de Fasnia y en la carretera qu8e conduce desde Tacoronte a Tejina, la TF-16.
Resta recordar que Patricia Fernández no solo es concejal del PP en La Orotava sino también su portavoz y presidenta del Comité Local, y además forma parte de la Comisión de Igualdad de la CEOE estatal.
