La Federación de Entidades de la Construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) exige “responsabilidades políticas” por la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del puerto de Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora, y pide que se tomen medidas disciplinarias “drásticas” en “todo el aparato administrativo responsable” por “fallar estrepitosamente”. Su presidente, Óscar Izquierdo, ve en el vencimiento del informe “la demostración, una vez más, del fracaso de la gestión política y burocrática de Tenerife”. Izquierdo salió en apoyo de las declaraciones del presidente del Cabildo, Pedro Martín, ayer a DIARIO DE AVISOS.
“Se agota un plazo de seis años y encima desde la Consejería de Transición Ecológica se anuncia con satisfacción, cuando es preocupante y vergonzoso no ser capaces de tramitar los expedientes en tiempo y forma”, manifestó a este periódico el presidente de los constructores tinerfeños, que subrayó el coste económico y, sobre todo, el tiempo que requiere sacar adelante una Declaración de Impacto Ambiental de estas características.
Fepeco, que considera “clave” el puerto de Fonsalía para el crecimiento económico y el desarrollo social de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, demanda a las formaciones políticas con representación en el Parlamento y Cabildo que soliciten explicaciones para conocer los motivos que han provocado la caducidad y saber qué medidas se adoptaron para evitar esta situación o, si por el contrario, ha existido “indolencia culpable”. “Si se ha dejado que el expediente caducara, parece que en Tenerife quien gobierna son algunos noístas y sectarios incrustados en la administración pública que, con sus permanentes informes negacionistas, paralizan continuamente cualquier infraestructura pública o iniciativa privada que genera economía y empleo. Qué casualidad que esto solo pase en Tenerife”, exclamó.
Óscar Izquierdo también se mostró crítico con el anuncio realizado en este periódico por el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, de encargar un estudio científico a la Universidad de La Laguna sobre los valores ambientales que rodean la Zona Especial de Conservación y especialmente el entorno de Fonsalía, un informe que remitirá a la Consejería de Obras Públicas, encargada de decidir si empieza de cero el proceso de declaración ambiental o desiste del proyecto.
“Se ha demostrado que cuando no gusta un informe se deja caducar, pero si se encarga otro conforme a los criterios que se quieren, resulta que sí es válido porque coincide ideológicamente con lo que se pretende parar. Eso se llama sectarismo político”, apuntó el presidente de Fepeco, que pidió al consejero de Transición Ecológica que encargue a la Universidad de La Laguna un estudio sobre la incidencia que tendrá en la economía y el empleo de las cuatro islas la construcción del nuevo puerto, tanto en la etapa de las obras como cuando entre en funcionamiento como epicentro de las conexiones marítimas interinsulares.
El líder de la patronal de la construcción pide al Gobierno de Canarias “valentía” y “objetividad” para conocer los pros y contras “reales” del proyecto, que celebró sus primeras reuniones técnicas hace más de 25 años, con el fin de “beneficiar al conjunto de la Isla y no a una minoría decantada políticamente y excesivamente ideologizada”.
“Tenerife vuelve a salir perdiendo, por culpa de los mismos de siempre, los noístas emperrados en pararlo todo, que utilizan el ecologismo como enseña demagógica y populista para desestabilizar económicamente la Isla, hundirla, escacharla, empobrecerla socialmente y restarle competitividad”, concluyó Izquierdo.
La polémica sobre la viabilidad o no del puerto isorano ha enfrentado esta semana al consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, y al presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, ambos del PSOE. Valbuena considera que existen elementos suficientes que hacen “casi inviable” el proyecto y cree que sería una “pérdida de tiempo” iniciar un nuevo estudio de impacto ambiental (decisión que le compete a la Consejería de Obras Públicas) con la “exigente” legislación actual.
Mientras, el presidente del Cabildo insular, Pedro Martín, aboga por comenzar una nueva evaluación ambiental e invitó al consejero a escuchar a los presidentes de los cabildos y encargar un estudio “para todas las costas canarias y no solo para Fonsalía”. “Seguro que con ese informe nos llevaríamos alguna sorpresa”, apostilló Izquierdo.
