La sentencia judicial que anuló la concesión de monte de utilidad pública en Puntagorda al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para la posible instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés), que fue dictada este mes y adelantó DIARIO DE AVISOS en su edición del lunes, hace referencia a asuntos de carácter administrativo, pero no de tipo ambiental.
El contenido auto, al que ha tenido acceso este periódico, contrasta con los alegatos de la parte demandante, el grupo ecologista Ben Magec, que llegó a afirmar en un comunicado que el proyecto se enmarcaba dentro de la “corrupción urbanística” por los posibles efectos negativos del instrumento de observación sobre el entorno del Roque de los Muchachos; un impacto que ya fue estudiado con carácter previo a la concesión de licencia de construcción a la que sería la mayor inversión científica de la historia en España, y se determinó que su presencia sería inocua para la fauna existente en las cumbres palmeras.
En este sentido, y para comprender los motivos que han llevado al TMT a “quedarse sin suelo”, cabe recordar dos documentos clave: el primero, el convenio suscrito en 2017 -y prorrogado en 2018- entre el IAC y el consorcio internacional que promueve la infraestructura (TIO), por el cual la entidad canaria asumiría el papel de administradora del terreno en el que se espera ubicar el aparato, como lo es del resto del Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM). En segundo lugar, se hallaría el acuerdo del Consejo de Gobierno insular que otorga al Instituto en 2019 “la concesión administrativa para el uso privativo” de una parcela en el Pinar de las Ánimas y Juanianes, con el objetivo de que allí se emplace el gigante astronómico.
No obstante, hay un aspecto más a destacar, y es que el TIO no ha manifestado expresamente su intención de construir el telescopio en La Palma, pues se trata de la opción B, por detrás de Hawái, donde lo cierto es que llevan experimentando problemas con la comunidad nativa desde 2009. Ese resquicio, el de no tener la seguridad de que el TMT recale en la Isla, es uno de los argumentos esgrimidos por el juez para anular el acuerdo del Cabildo sobre cesión de suelo, y es que el convenio IAC-TIO recoge que comenzará a aplicarse en el momento en que la Isla Bonita sea escogida como sede definitiva: “TIO pretende actualmente construir el TMT en Hawái, no obstante lo cual, si considerase que no puede proseguir con esa intención y que en su lugar desea construir y operar el TMT en el ORM, TIO notificará la entrada en vigor de este acuerdo”.
Por tanto, siguiendo el hilo del juez, si el convenio IAC-TIO no ha entrado en vigor, el Cabildo no puede hacer efectivo el acuerdo de concesión de monte al IAC, dado que este último aún no habría adquirido la condición de administrador de la ampliación del Observatorio en la que iría el telescopio. De ahí que la pelota pase ahora al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que analizará, cuando Cabildo, consorcio e IAC presenten el correspondiente recurso -como han anunciado-, sus contraargumentos a la sentencia. Uno de ellos será el Acuerdo de Cooperación en Astrofísica de 1979, en el que se ampara el IAC y que, sin embargo, ha sido desestimado en primera instancia.
FEPECO CULPA A LOS “NOÍSTAS” DE LA PARÁLISIS DE VARIAS INICIATIVAS
El presidente de la patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, manifestó ayer su malestar con el colectivo ecologista que ha puesto palos en las ruedas a las posibilidades de que La Palma acoja el TMT. En concreto, calificó a este tipo de grupos de “noístas” por su negativa sistemática a “cualquier obra de infraestructura pública o iniciativa empresarial”, bajo el paraguas de lo que consideró un “ecologismo demagógico y propagandístico”. Y los culpó de generar “parálisis” en proyectos estratégicos para el desarrollo de la Isla Bonita, que se suma a los retrasos ya existentes de las administraciones.
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