La información, que adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, sobre la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife que daba la razón parcialmente al grupo ecologista Ben Magec en su demanda contra el Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés) ha causado un terremoto institucional al inicio de esta semana. El colectivo verde anunció una batalla judicial para evitar la instalación del instrumento de observación en la Isla, que supondría, de hacerse finalmente en Canarias, la mayor infraestructura científica de la historia de nuestro país, con un revulsivo económico jamás visto en el Archipiélago. Pese a ello, los demandantes llegaron a afirmar que “nos opondremos firmemente a la implantación de más elementos ajenos a la naturaleza” en el Observatorio del Roque de los Muchachos.
Por su parte, el Cabildo palmero y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en calidad de partes demanda y codemandada, respectivamente, también avanzaron que apelarán al Tribunal Superior de Justicia autonómico el dictamen, que no es firme. Lo mismo que hará el grupo promotor, como confirmó el director de Operaciones del aparato, Christophe Dumas, en una entrevista en exclusiva concedida a este periódico, señalando que desde su punto de vista “todo el proceso administrativo” referente a la concesión de licencia en una parcela del municipio de Puntagorda “se hizo de manera transparente y legal”. Además, concretó que este litigio es uno de los motivos por los que Hawái continúa siendo la opción principal para emplazar el TMT, pese a los problemas que en dicha isla del Pacífico experimentan con la comunidad nativa.
Dumas no había querido entrar en detalles, por recomendación de sus abogados, sobre el contenido de la sentencia. No obstante, ayer se conoció que la autoridad judicial consideró “nula la concesión de monte de utilidad pública” al IAC, tal y como recuerdan los ecologistas, quienes pusieron el acento en el hecho de que “es la segunda ocasión en que la justicia falla en contra del interés del consorcio”. A su juicio, las organizaciones que han impulsado el proyecto han llevado a cabo una estrategia “arrogante y poco respetuosa” con el medio ambiente. Una afirmación que contrasta con los estudios realizados sobre el impacto que la infraestructura tendría en el entorno, como el elaborado por la entidad SEO Bird Life, que analizó a 1.544 aves de las cumbres palmeras durante un ciclo biológico completo, llegando a la conclusión de que el TMT no supondría riesgo alguno para la fauna local.
El colectivo demandante asegura que se efectuó un “procedimiento administrativo chapucero, plagado de vicios de nulidad”, para la concesión de suelo a la instalación, dado que el consorcio aún no ha elegido a La Palma como sede definitiva; Hawái sigue siendo la opción preferente de los socios que lo integran, motivo por el que el acuerdo entre el IAC y el TMT debe ser anulado. Del otro lado de la balanza, la institución científica canaria defiende que, al amparo del Acuerdo de Cooperación en Astrofísica de 1979, “es preciso disponer de la concesión del terreno para convencer al organismo internacional del TMT de que adopte una decisión favorable a la instalación en La Palma” de la que sería “la mayor inversión en materia científica de la historia de nuestro país”. Y es que su inversión total está valorada en aproximadamente unos 1.400 millones de euros.
Como parte demandada, el Cabildo afirmó a través de un comunicado que “apelará la sentencia” ante el TSJC, y quiso recalcar que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo santacrucero “no se pronuncia sobre aspectos de legalidad ambiental o territorial”, incidiendo, de hecho, en que “la instalación del telescopio no afectará al entorno natural”. Así, desde el grupo de Gobierno insular, compuesto por PP y PSOE, dijeron confiar “en que esta situación pueda resolverse”, puesto que cuenta “con el respaldo de las instituciones implicadas, como son el propio Cabildo, el IAC y el Ayuntamiento de Puntagorda”. En este sentido, la ciudadanía canaria ya se ha pronunciado acerca de si sería conveniente que el TMT recalara en la Isla o no: las dos encuestas encargadas con el consorcio han arrojado, como desveló el DIARIO en su edición de ayer, que un 94% de los consultados está a favor de su instalación, frente al 69% de los apoyos con los que cuenta el aparato en Hawái.
IMPACTO ECONÓMICO
Juan José Díaz, profesor de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna, redactó un estudio sobre el impacto socioeconómico que tendría el Telescopio de Treinta Metros en caso de instalarse en La Palma. En el referido documento, se especificaba que “el presupuesto para estas seis etapas de construcción ascendería a algo más de 400 millones de euros”, de los cuales un 86% iría destinado a bienes y servicios, el 10% a salarios y el 4% a permisos y licencia. En cuanto a su eco en la vida local, se estima la creación de más de 900 empleos vinculados tan solo al levantamiento de la infraestructura, cuyo plazo es de 10 años.
COMUNIDAD NATIVA
Al otro lado del Charco, en Hawái, la comunidad nativa se ha opuesto a que la isla del Pacífico albergue el TMT, ya que la ubicación escogida, el monte de Mauna Kea, es considerado “sagrado” según su cultura. Es por ello que los llamados grupos Kia’i han protagonizado manifestaciones, batallas judiciales, iniciativas parlamentarias contra el aparato y hasta han obstaculizado las vías de acceso a la montaña. Una situación que se lleva prolongando desde 2009.
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