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Del agua en La Laguna y los okupas por pura necesidad

El Ayuntamiento se compromete a restablecer el suministro cortado a las familias que demuestren su actual situación de vulnerabilidad
El portavoz de la plataforma 29-E, Lolo Dorta, se dirige a los afectados de la protesta./Fran Pallero

Son siete familias que han okupado viviendas laguneras por pura necesidad, y a las que ahora Teideagua se ha visto forzada a cortarles el suministro de agua en sus viviendas tras recibir una denuncia de la Policía Nacional al respecto, pese a que la moratoria estatal para evitar desahucios durante la pandemia supuestamente evita estos casos.

Todo apunta a que gracias a los reflejos (y la sensibilidad, todo hay que decirlo) del Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados, a través de su primer teniente de alcalde, Rubens Ascanio, parece que habrá final feliz: Si demuestran la situación de vulnerabilidad, “estoy seguro de que esta situación se arreglará rápido en los casos que el informe social lo justifique”, explicaba ayer en redes sociales.

Esta es la historia. En el contexto de la Acampada por una Vivienda Digna que, desde hace 73 días protesta en las principales calles de Santa Cruz de Tenerife (primero frente a la sede de Presidencia del Gobierno y ahora en la céntrica plaza de La Candelaria) salta la alarma por el corte de agua sufrido por siete familias. Entre ellas está Ana Belén, de 49 años y con dos hijos de 21 y 17 años y una nieta de apenas año y medio. También figura en la relación Dolores y su pareja, con niños de 4,7 y 11 años; así como José Santiago y su pareja, con un pequeño de tres años; además de Verónica, en cuya familia está un bebe de apenas seis meses.

Todos ellos se han quedado sin agua tras el corte decretado por Teideagua, cuyo director gerente, Félix Armas, explica que “nunca actuamos así con nadie que nos indique Servicios Sociales en atención a una situación de vulnerabilidad“, pero que han procedido de tal guisa obligados por una denuncia presentada por los dueños del inmueble.

A este respecto, el portavoz de la Plataforma 29-E, Lolo Dorta, resplica que fue la administradora de la comunidad quien presentó tal denuncia, a la par que sostuvo que las relaciones en el inmueble entre los legítimos propietarios y estos okupas por necesidad son óptimas.

Sea como fuere, la intervención de Ascanio es tan clara como eficiente y, como se ha citado, bastará con demostrar la situación de vulnerabilidad para revertir dichos cortes, para los que Teideagua, en palabras de Armas, no opondrá ningún tipo de problema.

Mientras tanto, resulta admirable (cuanto menos, por el aguante) la resistencia demostrada por quienes mantienen su protesta por una vivienda digna en las calles de Santa Cruz de Tenerife.

La protesta

Ya llevan, como se ha indicado, más de 70 días acampando en las principales calles de la capital tinerfeña reclamando un derecho que la Constitución de 1978 consagra, como es el de la vivienda digna, por mucho que los juristas modulen el alcance del mandato constitucional emanado desde el artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

A raíz de la protesta originariamente iniciada en relación a las viviendas del número 42 de la Subida a El Tablero (dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife), los convocantes de la misma, que han logrado el apoyo de más de 4.000 personas a través de diferentes colectivos, se dirigieron ayer mismo al obispo, Bernardo Álvarez, para que se manifieste a este respecto.

Y, todo apunta, no piensan parar hasta lograr sus objetivos.

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