Tal noche como la de ayer hace cinco años, un centenar de vecinos de Bajo la Cuesta, en Candelaria, tuvieron que dormir lejos de sus casas, tras cumplirse el 26 de octubre de 2016 la orden de desalojo dictada por un decreto iniciado en 2015 por el anterior alcalde Gumersindo García, ante lo que se calificó como una situación de alto riesgo de desprendimientos.
Una docena de familias pudieron regresar a sus viviendas el 28 de mayo de 2018, tras las obras de seguridad en la parte del talud propiedad de Endesa, pero aún quedan 32 fuera de sus casas, pendientes de que la empresa Dani Ran -propietaria del talud- y Costas, o en su defecto las administraciones, se hagan cargo del 1,4 millones de euros que costaría asegurar la zona. En Güímar, el Ayuntamiento no tuvo problemas para ejecutar obras de emergencia en Santa Lucía y Las Bajas, incluso con apoyo financiero en el primer caso del Cabildo. En Candelaria no ha sido así.
Desde aquel 26 de octubre, los vecinos comenzaron a movilizarse, con pitadas a diario frente al Consistorio, con presencia en los plenos bajo el lema Bajo la Cuesta vive y acampando a la entrada del barrio clausurado. Cinco años después, el silencio, el agotamiento y la desesperanza son los que reinan, incluso la desunión, al ser abogados diferentes los que llevan sus intereses, José Ortega y José Luis Langa, ya no solo por el expediente de desalojo, sino por la amenaza, de nuevo, de que tengan que perder sus casas tras notificar Costas la incoacción de la “recuperación posesoria” del dominio público.
Langa afirma que, “aunque algunos vecinos no hayan presentado alegaciones, no resulta grave, porque lo normal es que sean desestimadas. Se trata de un expediente administrativo. Cuando se desarrolle la instrucción, lo normal es que se resuelva en el Juzgado de lo Contencioso”, declaró el abogado, quien detalla que “lo que resulta inaudito es que un desalojo provisional lleve cinco años. No entiendo cómo un juez permite esto, con el daño económico y moral que significa para los vecinos”. Costas se ampara para el desalojo en la ley 22/1988, de 28 de julio, que establece que “las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de Costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público”.
Mari Brito
La alcaldesa de Candelaria insiste en que “hemos intentado actuar para asegurar el talud de Dani Ran y Costas, pero no tenemos informes favorables para pedir la concesión de terreno de Costas ni Dani Ran ha ejecutado su parte, y estamos en un proceso judicial para una ejecución subsidiaria”.
Asimismo, confirmó que “Costas trasladó al Ayuntamiento las notificaciones de recuperación posesoria, porque la realidad es que esas viviendas están en dominio público, pero estamos asesorando a los vecinos ante un proceso que será largo”, pronosticó, en una batalla, de las muchas, que mantiene con Costas.
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