Política

González Cejas, exalcalde de Granadilla: “El diapasón de las acusaciones se ha reducido”

El exalcalde socialista de Granadilla de Abona se muestra confiado en poder defender su “inocencia” ante dos de las cinco piezas judiciales a las que se enfrenta 14 años después

Catorce años después de los hechos a juzgar se procederá a la apertura del juicio oral contra el exalcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, y su Junta de Gobierno del año 2006, entre la que se encuentra Nicolás Jorge, hoy asesor del Ayuntamiento de Arona, al menos en dos piezas separadas de las cinco de un proceso donde la acusación particular (Sí se puede) pide penas de prisión, por malversación de fondos y la Fiscalía solo solicita años de inhabilitación por prevaricación continuada.

González Cejas confirmó a este periódico que “aún no me han comunicado oficialmente nada, pero he oído que en cuatro o cinco días se podría aperturar el juicio oral, lo que no quiere decir que sea para ya, porque además hay varias piezas en el procedimiento abierto”.

El exalcalde se mostró confiado, al señalar que “el diapasón ha bajado, porque no se mantienen todas las acusaciones” y lamentó que “hayan pasado nada menos que quince años para juzgar un asunto que siempre contó con informes técnicos y jurídicos favorables”, en referencia a la concesión de licencias y cambios de denominación de la calificación de suelo en El Médano. Además, el exalcalde, hoy jubilado, entiende que en el proceso no solo hay “diligencias indebidas”, sino “indebidísimas”.

En los dos autos del 30 de septiembre, la jueza del Juzgado número 3 de Granadilla declaró la apertura de juicio oral por la pieza separada número 3 para sentar en el banquillo al exalcalde Jaime González Cejas, y a otros seis exconcejales del PSOE en el Ayuntamiento de Granadilla en aquel mandato. El letrado Aldo Pérez Carrillo, de Sí se Puede, como acusación particular, solicita penas que suman 57 años de prisión para todos los procesados por presunta malversación y tráfico de influencias, mientras que la acusación de la Fiscalía se limita a posibles condenas de inhabilitación por prevaricación administrativa.