El Ayuntamiento de Arona confirmó ayer que tendrá que pagar 4,1 millones de euros por dos sentencias condenatorias a raíz de sendas operaciones urbanísticas fallidas en suelo privado que se remontan a los años 2002 y 2006, en los que Coalición Canaria se encontraba al frente del Gobierno municipal: la construcción de viviendas sociales en La Camella y el impago del alquiler de los terrenos que ocupa el IES Guaza.
En el primer caso, el Ayuntamiento firmó en 2002 un convenio con la promotora del Plan Parcial La Camella Baja (Wolding Estudio S.L.) por el que se cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, correspondiente al 10% de cesión obligatoria. En octubre de 2006 el Consistorio suscribió un convenio con la empresa pública Visocan para construir 35 viviendas de protección social con garajes en dicha parcela.
Según informó el Ayuntamiento, en septiembre de 2008, el Gobierno local concedió la licencia urbanística, a pesar de que los servicios jurídicos advirtieron de que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había vencido siete meses antes. Cuando se terminaron las viviendas y Visocan solicitó al Ayuntamiento el enganche de estas al agua y la luz, esta no se pudo realizar, ya que la urbanización no se había completado y, por tanto, estas no podían ponerse a la venta, lo que llevó a un litigio que acaba de resolverse con una sentencia que condena al pago de casi 2,7 millones de euros por parte del Ayuntamiento.
El segundo caso se remonta a 2003, año en el que la corporación firmó un convenio con los propietarios del suelo que ocupan los módulos prefabricados del IES Guaza, en el que se comprometía a recalificar el terreno en el Plan General de Ordenación Urbana para convertirlo en urbanizable, a cambio de poder utilizar el suelo.
El documento establecía que, si el PGOU no saliera adelante, el Ayuntamiento abonaría las rentas a partir del año 2002, como así ocurrió después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en 2013, y el Tribunal Supremo, en 2015, declararan nulo en Plan General. La consecuencia para las arcas municipales será el abono de 1,4 millones de euros.
Partido Popular
La portavoz del Partido Popular de Arona, Águeda Fumero, pidió ayer explicaciones sobre los motivos que han llevado al Ayuntamiento al pago de más de 4 millones de euros en indemnizaciones por sentencias judiciales. Fumero achacó esta situación a la “incompetencia y la falta de gestión” del actual equipo de Gobierno.
“Ahora somos los aroneros los que tenemos que pagar de nuestro bolsillo más de 4 millones de euros porque este Gobierno ha estado más pendiente de sus batallas políticas que de hacer su trabajo”, indicó la portavoz de los populares aroneros, que reprochó a la concejal de Hacienda, Raquel García, de “no dar explicaciones sobre las razones que nos han hecho llegar a este punto”. A juicio de Agueda Fumero, es un “nuevo ejemplo de la falta de transparencia que caracteriza al Gobierno en minoría de José Julián Mena”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas