Una veintena de vecinos de Las Bajas y la playa El Callao, en el litoral de Güímar, se enfrentan a un desalojo definitivo de sus viviendas situadas en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), tras la orden de “demolición” enviada por Costas y publicada en el tablón de anuncios del Consistorio.
Estos vecinos llevan desalojados desde marzo por unas obras de emergencia en el talud de los túneles de la TF-1, que desde septiembre están paralizadas a falta de completar el 25% de las mismas. Ahora, todas esas familias se enfrentan a un desahucio definitivo, según la notificación de Costas, a no ser que prospere el recurso judicial que anunciará hoy en rueda de prensa el abogado José Luis Langa en nombre de los afectados. Por la tarde, en la Casa de la Cultura, el alcalde güimarero, Gustavo Pérez, se reunirá con los vecinos para trasladarles que, “pendientes de los informes de los servicios jurídicos, trataremos de agilizar cuanto antes las ayudas a los vecinos afectados”, en referencia a aquellos que, según los datos de Costas, tienen en esa zona su única vivienda y que hasta ahora están viviendo de alquiler -al menos, siete familias- sufragados por la empresa que realizaba las obras ahora paralizadas, y que ya comunicó a la inmobiliaria que desde este mes dejará de pagar.
Según explica Gustavo Pérez, “al Ayuntamiento han llegado ocho notificaciones de demolición de esas viviendas y otras 10 unidades que están en el dominio público”, pero entiende que “esto tiene unos plazos estipulados y si los vecinos no admiten que entren en sus viviendas, se abrirá un proceso judicial”, comenta el primer edil. Mientras, una de esas vecinas afectadas, Ana, muestra su pesimismo, porque, en su opinión, “igual nos dan la ayuda de alquiler para cuatro meses y después qué, ¿cuándo van a tirar nuestra única morada?”, se pregunta angustiada.
El abogado Langa, por su parte, anunciará hoy las acciones a emprender que “serán las mismas que realicé ante los juzgados de lo Contencioso para impedir que los jueces autoricen el desalojo y posterior derribo, a familias que llevan residiendo ahí muchísimos años, hasta que se dicte sentencia”.
En otros núcleos, como Santa Lucía, no han recibido notificación de Costas, tras obras de emergencia en su talud, ni tampoco en Playa de Lima y Playa La Viuda, estos en Arafo y Candelaria, respectivamente. Pero sí en Bajo la Cuesta, cuya mitad del barrio lleva cinco años desalojado por unas obras en su talud, que el Ayuntamiento no ha podido ejecutar al estar en terreno privado (Dani Ran), y Costas no da el permiso para actuar, porque ya ha notificado el proceso de recuperación posesoria del DMPT, pero sin anunciar aún la “demolición”.
La Secretaría municipal de Güímar alerta del “sobrecoste” de las obras de emergencia
El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, resolvió la paralización definitiva de las obras de emergencia en Las Bajas -suspendidas desde septiembre- tras conocer el amplio informe (47 folios) de la Secretaría municipal acerca del sobrecoste de las mismas y las supuestas irregularidades cometidas por la empresa adjudicataria (UTE Camino Las Bajas).
Según se recoge en el expediente 1694/2021, en contestación a la Dirección Facultativa de Naos Ingeniería y Gestión, tras haberle solicitado a esta el 13 de septiembre “escrito razonado de la ejecución de obras distintas de las autorizadas por esta Administración”, la Secretaría municipal propone “resolver el contrato con la UTE Camino Las Bajas” y “la devolución de todas aquellas certificaciones de obras emitidas sin el amparo de título habilitante alguno ni consulta previa ni aprobación del órgano de contratación”, por lo que se inicia “un expediente para depurar responsabilidades de la Dirección Facultativa y el autor del estudio previo”.
A la vista de este informe, el alcalde confirmó a DIARIO DE AVISOS que no se atenderán las certificaciones de la empresa, más allá de las ya cobradas (tres a razón de 116.277,77; 153.158.17 y 72.440,47 euros cada una), en una cantidad que justo coincide con la presupuestada (342.865 euros) en marzo para la totalidad de la obra de emergencia decretada por el entonces alcalde, Airam Puerta, por riesgo de desprendimientos en la zona. Sin embargo, la UTE ha presentado hasta cuatro certificaciones de obras más: 264.038,33 (junio), 225.366,50 (30 julio), 250.937,63 (septiembre) y 84.444,62 euros (julio), esta última cantidad por acceso de maquinaria, lo que hace un total para toda la obra de 1.169,635,09 euros, más de tres veces lo presupuestado en marzo.
Además, recuerda la Secretaría en su informe, “sin comunicación previa y sin el amparo de la Administración contratante”.
