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Los testigos acorralan a Giuseppe Carta y refuerzan las acusaciones en el caso Herrajes Guamasa

Continúa el juicio contra el que fuera frustrado impulsor del circuito de motor en el Sur y sus tres colaboradores

La segunda jornada del juicio que esta semana se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra Giuseppe Carta, Jesús Guillermo González Soler, el hijo del italiano y la pareja de este supuso otro impulso más a la hora de acreditar el relato de los hechos que defienden las acusaciones, tanto la Fiscalía como la particular, ejercida en nombre de los querellantes por el abogado local Pedro Revilla.

En concreto, este juicio versa sobre la presunta comisión de delitos tales como estafa, administración desleal y alzamiento de bienes relacionado con la empresa Herrajes Guamasa en hechos acaecidos entre 2013 y 2014, si bien fue en 2015 cuando Carta gozó de efímera celebridad al conseguir que el entonces presidente insular, Carlos Alonso, contase con él para revitalizar el circuito de motor en el Sur. Si bien DIARIO DE AVISOS alertó de tan peligrosas compañías apenas unas semanas después, el Cabildo tinerfeño acabó viéndose forzado a rescatar dicho contrato en los juzgados transcurridos unos años.

Respecto a los testimonios prestados ayer en la Audiencia provincial, coincidieron en lo esencial de que Carta presuntamente desmanteló la citada empresa local en vez de liquidar sus deudas, como había prometido, y que para ello usó como pantalla una firma sin capacidad real para afrontar un cometido de tal enjundia, como explicó el que fuera asesor fiscal de la misma durante un par de lustros.

También llamó la atención el relato de otro testigo sobre cómo Carta, supuestamente, vendió al peso bienes de Herrajes Guamasa, incluso a la chatarra. Ya en los escritos de las acusaciones se sostiene que, tras adquirir esta empresa por un precio simbólico (tres euros), el italiano no solo no habría cumplido sus compromisos con los anteriores propietarios sino que hasta llegó a vender una nave industrial por la tercera parte de su valor de mercado y, con los 430.000 euros recibidos, cubrir la cuota que restaba de la hipoteca para así quedarse con la propiedad libre de cargas en una operación llevada a cabo con otras empresas a cuyo frente se encontraban, de uno u otro modo, el resto de incriminados, siempre según el relato de Fiscalía y querellantes.

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