Canarias, ¿libre de las macrogranjas?

Las declaraciones vertidas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acerca de una controvertida práctica de la ganadería intensiva en España continúan dando de qué hablar. Dejando a un lado las percepciones del porqué, el cuándo o, directamente, las estrategias políticas, está claro que su testimonio ha abierto la caja de pandora de las denominadas macrogranjas en nuestro país. Un término que hasta ahora conlleva varios matices conceptuales.

Según recoge Greenpeace España en su estudio Macrogranjas, veneno para la España rural, son “espacios caracterizados por la presencia de una gran cantidad de animales en un área demasiado pequeña” donde, además, no se pueden gestionar de manera segura los excrementos que producen. Un término que, por otro lado, no queda del todo claro a las autoridades canarias, que explican que grosso modo se trataría de “una concentración de miles de animales estabulados que no ven la luz del sol”.

Sea como fuere, se ha demostrado que esta praxis propia de la ganadería intensiva acarrea contaminación y molestias a los núcleos poblacionales próximos, como malos olores o suciedad. De hecho, la Comisión Europea anunció a principios del pasado mes de diciembre que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Un panorama que en estados como Holanda se lleva combatiendo desde el año 2019, donde el Ejecutivo holandés subvenciona la clausura voluntaria de granjas de considerable tamaño cercanas a zonas de residencia.

¿Y en Canarias?

Desde DIARIO DE AVISOS hemos querido indagar en los posibles efectos en el Archipiélago de la faceta más cruda de la ganadería industrial. Una cuestión que aclara la Consejería de Agricultura del Ejecutivo regional en primera instancia: “En nuestra comunidad autónoma no existen macrogranjas”. El alto coste de producción, la “escasez de base territorial para el desarrollo ganadero”, debido al gran número de Parque Nacionales, áreas de protección especial y suelo urbano, y la “imposibilidad total de trasladar a extensiva toda la producción ganadera” de las Islas son algunas de las causas que enumera Agricultura para justificar la afirmación. Por ende, declara que “las explotaciones de nuestras islas son de tamaño pequeño o mediano”.

Un alegato contrapuesto en parte por el responsable de la Campaña de Agricultura en Greenpeace España, Luis Ferreirim, quien ha explicado en una conversación telefónica mantenida con este periódico que en Canarias, pese a que el número es bastante inferior en comparación con otros territorios peninsulares, “hay explotaciones que cuentan con 40.000 pollos o más”. En alusión al tipo de producción, el portavoz de la ONG indica que la mayor parte de las explotaciones en Canarias provienen de la ganadería intensiva, con un total de 421, frente a las 13 de la extensiva.

Asimismo, admite que en la región canaria, con una población permanente de dos millones y otra flotante procedente del mercado turístico, el consumo de carne es considerable, lo que repercute directamente en la demanda de producción en el resto del país. “Ambos modelos van asociados porque aunque en el territorio no se produce, sí se consume”, dice.

Por su parte, el citado departamento del Gobierno autonómico sostiene que “el número potencial de consumidores es limitado” en el Archipiélago, por lo que el producto “se importa del territorio peninsular a través del Régimen Específico de Abastecimiento: unas ayudas que intentan paliar los gastos derivados de la ultraperificidad, repercutiendo estas en el consumidor final”.

“Las emisiones son mínimas”

La buena noticia -que la hay- es que la incidencia isleña sobre las emisiones de amoniaco, producido principalmente como resultado de la volatilización de los excrementos del ganado, es mínima. “En Canarias solo un 12 por ciento de las emisiones de amoniaco proviene de granjas de cerdos y el 77 por cierto de aves de corral, pero lo cierto es que el porcentaje con respecto al resto del país es ínfimo; de hecho, la Comunidad Autónoma está la tercera a la cola nacional”, admite Ferreirim, que a su vez añade que “nuestra organización pone el foco en aquellos lugares donde la situación es realmente alarmante, como Castilla-La Mancha, Aragón, y Cataluña”.

Además, Agricultura destaca que “todas las explotaciones registradas en nuestras islas forman parte del universo muestrable para los diferentes planes de inspección y control (sanitarios, de higiene o de bienestar, entre otros) con independencia del número de animales, prestando una mayor atención en las de gran tamaño por motivos de riesgo”.

La entrevista de Garzón concedida a un diario británico, aplaudida por Greenpeace, ha abierto la veda a una realidad que muchos desconocían hasta entonces y que, en pro de un mundo más respetuoso y sostenible, suponen un punto de inflexión en el sector.