Eva Perdomo tiene 46 años y vive con su madre de 81 y sus tres hijos de 8, 11 y 15 años en Tejina. Esta lagunera tiene una orden de desahucio para mañana. Debe más de 3.000 euros al propietario del piso en el que vive.
Eva cuenta a DIARIO DE AVISOS, visiblemente afectada, que viene arrastrando esta situación desde hace ya tiempo. “Cuando se decretó la pandemia de la COVID-19, mi madre enfermó y yo dejé de trabajar como sanitaria, y desde entonces me ha sido difícil hacer frente al pago del alquiler. Se me ha ido de las manos. Intenté mediar con el propietario y tuve que pedir ayuda al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento”.
El Consistorio, desde el área de Asuntos Sociales, confirma a este periódico que se le ha prestado toda la ayuda posible, y que si el juzgado no paraliza mañana la orden de desahucio que se le notificó el pasado 17 de diciembre, se le facilitará una ayuda habitacional de emergencia. En principio, en una vivienda o en una pensión, hasta encontrar una solución para ella y su familia. Un recurso con una duración inicial de 10 días, pero que se revisa hasta que se le da una alternativa.
Se trata de un remedio temporal que Eva agradece profundamente para no verse en la calle, pero que le tiene sumida “en un mar de nervios”. Dice que se imagina la cara de sus hijos y de su madre, a los que ha “adornado” la situación para que no sufran, en el momento en el que tengan que dejar la vivienda, y se le cae “el mundo encima”.
PROBLEMAS DE SALUD
La madre de Eva está operada de corazón y durante la pandemia sufrió cáncer. En ese momento, Eva también vio cómo esta situación le pasaba factura a su estado físico. Relata que se le infartaron las manos y que sufrió un aneurisma que le deja sin conocimiento si está sometida a mucha tensión.
“Mi miedo son mis hijos, porque son lo más importante para mí. No quiero que empeore mi salud y que me pase algo, porque a veces siento mucho dolor en el pecho y temo por ellos”, narra esta lagunera, que asegura que su deseo es estabilizarse y poder trabajar “de lo que sea” para sacar a su familia adelante y “no vivir de ayudas toda la vida”.
Eva cuenta que no se ha negado a pagar, ni a irse de la casa, que entiende que la vivienda no es suya y que el propietario tiene sus derechos, pero “he tenido que decidir entre pagar el alquiler o dar de comer a mis hijos y a mi madre. Yo no quiero ayudas, solo quiero poder tramitar un alquiler social para vivir tranquilamente”, señala.
INGRESOS
Cuando Eva trabajaba hacía frente a los 500 euros de alquiler y a los gastos del agua y la luz. Desde que se quedó sin empleo, en su casa entran dos ayudas económicas: la pensión de viudedad de su madre, 420 euros, y su prestación por desempleo, 450 euros, que se le termina dentro de tres meses. Un dinero, reconoce, que le da solo para alimentar a su familia, que “están en etapa de crecimiento y demandan mucho a estas edades”.
Además, su exmarido no paga la manutención de los niños desde “hace mucho tiempo” y “no cumple con el régimen de visitas”. Hace seis meses lo denunció por daños psicológicos tras amenazarle con quitarle la custodia. “Los niños son mi vida y no puedo permitir que me haga esto, es muy duro”, dice angustiada.
Eva no confía en que el juez vaya a paralizar el desahucio a pesar, cuenta, de que no ha pedido un aplazamiento. “Solo quiero un techo y estabilidad para poder trabajar”, indica. Mientras llega la hora del desahucio, Eva asegura estar viviendo “una de las situaciones más complicadas” de su vida. Desde el Ayuntamiento, esperan que el juzgado replantee la decisión y reconozca la vulnerabilidad de esta familia. Si no se da, se le ofrecerá el recurso de emergencia habitacional y se le propondrá entrar en el programa Más Familia por Vivienda del Gobierno de Canarias, que atiende, de forma global, a las familias que se encuentren en esta situación hasta lograr una solución.