Hacer pronósticos en la política contemporánea es un acto de osadía. Si no, que se lo pregunten al PP, que convocó de forma anticipada las elecciones de Castilla y León con el objetivo de arrasar y ahora reza por que pueda mantenerse en el Gobierno autonómico, con el riesgo de que Vox le marque irremediablemente la agenda política. En Canarias, Torres lleva meses apostando por agotar la legislatura. Y parece que le va bien, a tenor de las encuestas. Y a tenor también de la tranquilidad con la que el Gobierno supera las sesiones de control en el Parlamento. La de ayer, también.
Tiene el Ejecutivo interés por comunicar un mensaje de optimismo. “Lo que viene por delante va a ser muchísimo mejor que lo que hemos vivido en el pasado”, afirmaba ayer el presidente, en su primera sesión de control tras superar la COVID. Según Torres, hay “razones objetivas”, como la mejoría en la sexta ola de la pandemia, los datos de desempleo de enero -los mejores en 13 años-, o las previsiones del BBVA para 2022, con un crecimiento del PIB del 9,6% o de un 8% del empleo. Eso sí, recordó que hay incertidumbres derivadas de la propia pandemia, la inflación, los problemas de suministro en el comercio internacional o las tensiones geopolíticas.
El mayor riesgo para el crédito del Ejecutivo son las sombras de las promesas que no terminan de llegar, como las mejoras en dependencia. Ayer, el nuevo presidente del PP, Manuel Domínguez, le pidió a Torres que fulminara a Sí Podemos Canarias del pacto para mejorar la situación en este ámbito. Domínguez le “tendió la mano”, sugiriendo que podría contar con su apoyo, en un lenguaje bastante menos histriónico que el de la expresidenta del PP, Australia Navarro. Torres, evidentemente, no cogió el guante, mimando el pacto que sostiene al Gobierno. También recordó que en diciembre pasado se resolvieron el doble de solicitudes de dependencia que en el año 2018. Y prometiendo que Canarias terminará la legislatura con “mejores cifras” que en el inicio.
Se habló de menores migrantes, a quienes el Gobierno autonómico quiere distribuir entre las distintas comunidades para compartir la carga migratoria. El propio Ejecutivo autonómico lleva días agitando la gravedad del problema. Por eso, estará en la próxima Comisión Bilateral Canarias-Estado, afirmó Torres, donde también se reclamarán unas competencias en Costas equivalentes a las de Andalucía y Cataluña. En la cuestión migratoria, la consejera de Derechos Sociales volvió a tener un discurso bastante crítico con el Gobierno central, particularmente con el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al que le ha pedido ya tres reuniones, sin mucho éxito. Según Santana, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra -de Podemos, su propio partido incluirá el protocolo para distribuir migrantes entre comunidades en la próxima Comisión Interterritorial. Aunque eso no garantiza que las comunidades acepten. Santana aseguró que, por mucho que ella sea de un partido, “Canarias” está por encima. El canarismo cotiza al alza. También en el espacio de Sí Podemos Canarias, que busca cómo configurarse tras la vuelta de Alberto Rodríguez al terruño.
Se habló de La Palma. Torres rechazó las críticas de la diputada tránsfuga Vidina Espino, que afirmó que las ayudas no se estaban dando. Por ahora, dijo el presidente, ya han llegado 253 millones de euros a la sociedad palmera. Según Torres, a las indemnizaciones de 60.000 euros por parte del Gobierno de España se añadirán las aportaciones del Gobierno de Canarias, del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos. Además, afirmó que se han entregado 61 viviendas, 89 millones de euros a través del Consorcio de Compensación de Viviendas, 7.2 millones de las donaciones y ayudas al sector platanero, a las pymes y a los autónomos. En una comparecencia posterior, el vicepresidente, Román Rodríguez, defendió la adquisición de suelo público para construir “tres o cuatro” asentamientos de viviendas donde puedan vivir quienes construyeron su única casa. La diputada de CC Nives Lady Barreto afirmó que, “en La Palma, están cansados de inacción y de falta de planificación para abordar la reconstrucción”.
Durante la intervención de Vidina Espino en esta comparecencia, la diputada protestó por que no se le ampliara el turno de palabra más allá de treinta segundos después de que lo hubiera consumido con unos vídeos de ciudadanos palmeros que se quejaban de su situación. Espino se fue a su escaño haciendo gestos evidentes de protesta, seguida de dos llamadas al orden de Gustavo Matos, presidente del Parlamento. Matos va a proponer a la Mesa que encarguen a los servicios jurídicos una resolución donde quede claro que el uso del material audiovisual es un apoyo puntual a las intervenciones, no una sucesión de testimonios.
Asimismo, se discutió ayer sobre el grado de ejecución presupuestaria en 2021 y sobre el aumento de ingresos de un 12% más, como recordó Rodríguez. Desde CC, Rosa Dávila criticó que, en un año tan difícil como el pasado, se quedaran partidas sin gastar en temas como Educación, Derechos Sociales, Vivienda, Transición Ecológica o Agricultura. Rodríguez afirmó que se ha ejecutado el 95% del presupuesto final, que fueron casi 11.000 millones, una cifra “histórica”. Y llamó “agoreros” y “catastrofistas” a quienes decían que el presupuesto de 2021 era irreal. Según el vicepresidente, este tipo de comentarios que pretenden dibujar un escenario pesimista por intereses políticos “le hacen el trabajo sucio a la extrema derecha”, pues generan desafección y voto antisistema.
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