cuadernos de la periferia

Ni agua al Gobierno ni a su ministra del PCE

La derecha intenta boicotear la reforma laboral negociada por Yolanda Díaz con sindicatos y empresarios para perpetuar su caricatura sobre la izquierda

Hace unos años, preparando un reportaje sobre nuestro estancado ascensor social, visité en Madrid la Escuela Profesional Primero de Mayo, un lugar fundado por el sacerdote José María Llanos, jesuita y confesor de Franco en la juventud y carismático cura comunista en sus años de ‘maduración’ y vejez tras la experiencia radical que le supuso la vida junto a la clase trabajadora más precaria en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio de chabolas en el entorno de Vallecas.

No sé cómo descubrí la figura de Llanos, pero sí recuerdo que fue a través de un buen amigo, ahora reputado investigador en temas socioambientales, como terminé de entender el fenómeno político y cultural que se dio en aquel lugar. Gracias a la labor formativa y social que hizo Llanos, su padre, que vivía en el Pozo, pudo convertirse en trabajador cualificado de una empresa y formar una familia que avanzó hacia la clase media. Mi amigo heredó luego una sobriedad de aroma católico que no apagó su vocación hedonista, pero también un profundo sentido de la justicia social y un enorme respeto al papel de la cultura.

Para muchos, eso fue el comunismo español a finales de los 60 y 70. Y no solo porque su líder, Santiago Carrillo, apostara en esos años por abrazar una línea reformista frente al modelo soviético, en consonancia con el comunismo italiano y francés. Sino porque era un instrumento para luchar por la libertad durante la dictadura franquista, para formarse o para defender los derechos laborales a través de unas Comisiones Obreras clandestinas que aprovechaban las estructuras del sindicalismo vertical del franquismo para pelear por la clase trabajadora.

Con esa actitud posibilista afrontó el PCE la Transición y firmó los Pactos de la Moncloa en 1977, un acuerdo de la mayoría de sectores políticos, económicos y sociales para la estabilización del país en plena crisis económica de los setenta; una actitud que no era tan distinta a la del secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, que pactó con la Democracia Cristiana.

Cuarenta y cinco años después y con un pragmatismo que trasciende sigilosamente la teoría de las dos orillas de Julio Anguita -él a un lado y el resto a la derecha-, una militante del PCE acaba de llevar a puerto la reforma laboral del primer Gobierno de coalición de la izquierda española desde la república. Con los condicionamientos de Bruselas para dar los fondos de reconstrucción y con la necesidad de que fuera un texto fruto del acuerdo social entre sindicatos y empresarios.

Y así, la vicepresidenta Díaz -con la participación del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño- ha conseguido una ley que ataca a la temporalidad, recupera la ultra-actividad de los convenios y supone la mejora en los sueldos de los trabajadores de diversos sectores, pues asegura la primacía del convenio del sector si las condiciones salariales que establece son mejores que las de la empresa. Ahora habrá que ver su impacto en el mercado laboral, pero la reforma nace con un apoyo transversal que va desde la izquierda de Unidas Podemos al centro-derecha de Ciudadanos y CC. Magro, eso sí. Y aprobada gracias al despistado voto del diputado del PP Alberto Casero.

Fuera se han quedado las izquierdas nacionalistas catalana, vasca y gallega, que han jugado a un cierto purismo de salón apelando a una reforma imposible en el marco europeo, como señalaba el periodista Esteban Hernández en El Confidencial, mientras atacaban a Yolanda Díaz -especialmente ERC y BNG-, referente principal de un espacio político con el que rivalizan en los caladeros electorales. Y que fían a su solidez territorial la confianza en que el electorado no les pase factura por un tacticismo que casi hace descarrilar la reforma. Tampoco ha entrado el PNV, que pedía la prevalencia de los convenios autonómicos por ley. Y que tiene detrás a los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, contrarios al nuevo texto y mucho más fuertes en el País Vasco.

No ha querido entrar el PP, que podría haberlo hecho de ser un partido con alma demócrata-cristiana. En su lugar, prefiere montar un espectáculo tras el fallo que ha tenido Casero. La derecha ha decidido que le resulta más rentable electoralmente evitar los acuerdos y alimentar esa caricatura de una izquierda filo-bolivariana obsesionada con meterse en la vida de la gente y sus hábitos de consumo.

En ese relato del PP, tan parecido al de Vox, no casa bien un acuerdo sobre el mercado laboral del Ejecutivo de PSOE y UP con empresarios y sindicatos. Ni que al frente del Ministerio encargado haya una militante del PCE que logra pactos transversales que mejoran la vida de los ciudadanos. Es decir, las condiciones materiales: trabajo más digno para tener una vida mejor. Lo podría firmar el padre Llanos.

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