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China y Argelia apoyan una solución para el Sáhara Occidental acorde con las resoluciones de la ONU

El gobierno argelino sostiene que Sánchez "no le informó en ningún momento" de su apoyo a Marruecos en la cuestión del Sáhara
Apoyo-Sahara
El ministro de Asuntos Exteriores argelino. EP

Los ministros de Asuntos Exteriores de Argelia y de China, Ramtán Lamamra y Wang Yi, respectivamente, han defendido una solución para el contencioso del Sáhara Occidental acorde con la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU.

“Con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, las dos partes han afirmado su apoyo a los esfuerzos para lograr una solución duradera y justa en el marco de la legalidad internacional, en particular de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”, señala el comunicado conjunto publicado tras el encuentro mantenido por Lamamra y Wang en Pekín.

Además, el texto se refiere a la necesidad de “poner fin a las crisis que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad apelando a los principios básicos contenidos en la Carta Fundacional de la Unión Africana y buscar la cristalización de solucioes africanas a problemas africanos”.

Lamamra llegó el sábado a China para una visita de tres días, un viaje que ha servido además para cerrar un acuerdo para la incorporación de Argelia al proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, la propuesta china de infraestructuras para incrementar la interconexión del país con África, Europa y el resto de Asia. El acuerdo “será firmado lo antes posible”, destaca el comunicado conjunto.

Igualmente han hecho patente su coincidencia en lo que respecta al conflicto palestino-israelí y el derecho del pueblo palestino a “establecer un estado independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, para lograr la seguridad y la estabilidad” en Oriente Próximo.

En cuanto al conflicto en Ucrania, China y Argelia han defendido los “objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas” con respecto a la soberanía e integridad territorial de los países “teniendo en cuenta las necesidades razonables de seguridad de las partes implicadas” y la resolución de las disputas pacíficamente y “evitando violar las leyes internacionales”.

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