Sí se puede apoya las demandas de las familias “acosadas” por Desokupa en un edificio de San Isidro

Sí se puede apoya las demandas de las familias “acosadas” por empresas de desalojo de edificios en San Isidro (Granadilla). La organización ecosocialista se adhiere al manifiesto del Sindicato de Inquilinas sobre esta “vulneración” del derecho constitucional a la vivienda a los vecinos del edificio Tabaiba.

Sí se puede destaca “la incapacidad de las administraciones públicas para dar una salida a estas familias, que llevan más de 10 años sin recibir una solución por parte de las instituciones”, asegura José Luis Almenara como portavoz en materia de vivienda de esta formación. “En el mismo artículo 47 de la Constitución donde se consagra el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna se establece la obligación de los poderes públicos a hacer efectivo este derecho”, expone. “En Sí se puede nos preguntamos dónde han estado durante estos años los servicios sociales del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias”, añade. Almenara indica que el caso “es aún más sangrante si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento de Granadilla no da ningún tipo de ayudas al alquiler, se limita derivar a las personas abocadas a perder su vivienda para que las atienda un organismo no gubernamental”.

A juicio de la organización, “es intolerable recurrir al matonismo para defender a los especuladores que se enriquecen de forma oportunista en las crisis a costa de los intereses populares”, manifiesta su portavoz.

Almenara se refiere así a uno de los factores “más sangrantes” de este caso: la intervención de la empresa Desokupa, que “intervino contra las vecinas afectadas para garantizar los privilegios de un presunto especulador inmobiliario” que, además, como dice el manifiesto, actuó de forma “oportunista y miserable”, al “haber comprado una vivienda, supuestamente de manera ilegal y de mala fe, puesto que el comprador, que actuó igual que un fondo buitre, estaba informado de la presencia de personas residentes en el edificio y conocía la crítica situación económica de estas familias”.

El manifiesto suscrito por Sí se puede subraya que la intervención de estas empresas especializadas en desalojos es una forma de “normalizar” el acoso contra las personas más vulnerables de nuestra sociedad, “con fórmulas que dan una aparente cobertura legal a prácticas de odio características de grupúsculos radicales”, cuyo papel consiste en “abordar los casos mediante hechos consumados fuera de los procesos judiciales, de forma que están negándole el derecho a las familias de defenderse”.