Los elevados precios de los aparcamientos en Santa Cruz llevaron al área de Servicios Públicos, que dirige Carlos Tarife, a elaborar un estudio, primero, y a la apertura de expedientes para regularizar las concesiones y precios, después. Este proceso, que ya ha finalizado para dos de los siete aparcamientos públicos investigados, termina con la contestación a las alegaciones y la orden de cumplir la bajada de tarifas y actualización en la cuantía del canon.
Servicios Públicos ha dado un mes a los dos primeros parking para cumplir con estas premisas, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a abrir un expediente sancionador, así como acudir a un contencioso administrativo en el que solicitar medidas cautelares para que se aplique por el juzgado en caso de que el concesionario se niegue a acatar las órdenes de Servicios Públicos.
Carlos Tarife también apunta que si fuera necesario rescatar las concesiones, se hará, valorando la gestión pública de este servicio.
En el caso del parking de la Weyler, que cuenta con más de 500 plazas y es uno de los más caros de la ciudad, se le ha ordenado, tras rechazar sus alegaciones, que, en un mes, proceda a rebajar el precio de la hora de aparcamiento de lo 2,3 euros a los 1,50, lo que supone una bajada del 80%. Esto dejará el precio del minuto en 0,025 euros. En cuanto al canon, también se actualiza su cantidad, que pasa a ser de 49.616 euros al año, unos 12.000 euros al mes, de forma que se le ordena pagar los atrasos con respecto a esta actualización, que suman algo más de 7.000 euros.
En el caso del parking del Puente Serrador, cuyas alegaciones también fueron rechazadas, se ordena al concesionario una bajada del 60%, pasando de los 1,90 euros la hora a 1,18. Así, el precio del minuto será de 0,019 euros. Este rebaja también va a acompañada con la actualización del canon, que pasa a ser de 4.000 euros el trimestre, mientras que lo que tiene que pagar de atrasos en este concepto alcanza los 50.000 euros.
En las alegaciones presentadas, ambos concesionarios coincidieron en señalar que el cambio de normativa, obligándolos a cobrar por minuto y no por hora completa, rompía el equilibrio financiero de la concesión, algo que los técnicos de Servicios Públicos desestimaron citando jurisprudencia en ese sentido. También se rechazó que se defendiera la subida de tarifas ante el silencia administrativo del Ayuntamiento, puesto que, tras comunicar el cambio en los precios, no recibió respuesta municipal, principal argumento de Servicios Públicos para ordenar las nuevas tarifas, es decir, no contar con autorización expresa.
La mayoría de las irregularidades fueron corregidas tras un primer estudio realizado en 2017, pero no las tarifas, que fueron lo que originó un segundo estudio personalizado de cada uno de los aparcamientos públicos, arrojando dicho informe que todos habían subido sus precios sin la preceptiva autorización del Ayuntamiento.
Tarife aclara que este proceso se seguirá con el resto de estacionamientos, es decir, contestar las alegaciones y dar orden de que se cumplan con las directrices marcadas por los técnicos. Los aparcamientos que quedan por regularizar son los de la plaza de España, Puerto Escondido, Estadio, Ramón y Cajal y Tomé Cano.
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