Lamentablemente no es un problema nuevo, pero es muy triste que cada cierto tiempo salga a la luz la situación de ancianos abandonados en los hospitales de las Islas. Según los datos de la Consejería de Sanidad, unas 330 personas mayores permanecen viviendo en camas hospitalarias por el abandono familiar ante su incapacidad de hacerse cargo de su atención en sus domicilios, la ausencia de plazas residenciales o los retrasos en la gestión de la Dependencia. Se dan casos en que el responsable de su curatela es el propio Gobierno. Incluso para la propia administración, el traslado de estas personas a un centro sociosanitario “es complejo”. El déficit de 8.000 plazas residenciales empeora la situación.
Para el consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Blas Trujillo, son pacientes que han recibido el alta médica pero continúan en su cama hospitalaria, “lo que además condiciona de manera clara toda la actividad asistencial”, destacó. Evidentemente, un hospital del Servicio Canario de Salud no es un hospital de pacientes crónicos, sino de atención de los casos agudos para los que fueron concebidos.
En este sentido, Trujillo aclaró que “estamos haciendo un esfuerzo increíble, como nunca, para bajar las listas de espera y luego nos encontramos con determinadas ocupaciones de plazas por parte de personas que no tendrían que estar ocupando esos recursos en principio, por ellas mismas, pues deberían estar en otros espacios para recibir la atención que les corresponda”, lamentó.
Aunque el asunto “es complejo se ha conseguido desplazar a los recursos adecuados a unas 200 personas, pero esto es un entrar y salir continuo”.
Reconoció que “la casuística es tremendamente variada y compleja”, pues hay casos de personas de mucha edad “que si retornan a su domicilio deberían estar al cuidado de otras personas que tienen aún más edad o que tienen tantos problemas como ellos”.
También hay casos de personas “que están tramitando la dependencia o incluso que están inmersas en procesos judiciales”, por tanto, es una “realidad muy compleja” en la que desde la parte sanitaria “estamos intentando aportar lo que podemos”, pues “es el ámbito sociosanitario el que tiene que dar respuesta a una realidad que condiciona de manera notable la actividad asistencial”, apuntilló.
Blas Trujillo reconoció que esta situación no es nueva, pues “en la década de los 80 del siglo XX, cuando era miembro de la comisión provincial del Insalud, ya existía este mismo problema”.
La preocupación de los responsables sanitarios es que en el próximo “pico de demanda” los hospitales se vieran “en situación difícil”, como previsiblemente ocurrirá con la gripe, y se produzca el colapso en determinados servicios sanitarios como urgencias, con pacientes en los pasillos sin poder subir a planta. “Los recursos tienen unos ciertos límites”, al tiempo que incidió en que Sanidad está haciendo “todo lo posible por incrementar la oferta” asistencial.
La Fiscal General de Mayores del Gobierno de Canarias, Rosa Rubio, lamentó que “es muy preocupante, existe una carencia enorme de recursos que es necesario gestionarlos adecuadamente”. Entiende que se precisa la “indispensable coordinación entre las consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad, que son las responsables”, mientras coincidió en que estas personas “requieren de una asistencia sociosanitaria, no estar encamados permanentemente”. “Necesitan tener relación con otras personas en el centro, recibir una estimulación cognitiva adecuada, una rehabilitación que va más allá de la salud física”.
En declaraciones a Televisión Canaria, no quiso “criminalizar a las familias” por esta situación ya que en la mayor parte de casos, “tienen voluntad de ayuda” y lo que necesitan es que “desde la Administración les ayudemos en ese proceso de cuidado las 24 horas a su familia o persona querida en su casa o entorno”. Sin ayuda, “las familias se ven obligadas a abandonarlas al no disponer de recursos”.
Cuando acontece el alta sanitaria pero no se produce su salida del hospital, los centros sanitarios contactan con los servicios sociales de la Comunidad para que arranque el protocolo. El afectado queda “en una especie de limbo” hasta que haya una plaza disponible en una residencia, de competencia insular. Mientras tanto, serán trasladados a una “planta de baja demanda” donde apenas recibirán visitas y alguno fallecerá.
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