puerto de la cruz

Decretan el cese de la actividad de la protectora de gatos La Rosaleda, en el Puerto de la Cruz

El Ayuntamiento y la asociación responsable de las instalaciones toman esta decisión de mutuo acuerdo para proteger la vida de 123 animales
Responsables municipales y policiales visitaron las instalaciones.
Responsables municipales y policiales visitaron las instalaciones. DA

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha tomado la decisión de cesar de manera inmediata la actividad pública de la Asociación Protectora de Gatos La Rosaleda. Una medida pensada y decidida con el consenso de la presidencia del centro privado en cuestión, cuya situación actual imposibilita la atención de manera segura a cualquier animal que pueda entrar en el centro.

El informe en el que se basa esta decisión detecta incumplimientos veterinarios, sanitarios, medioambientales y urbanísticos. Un cúmulo de circunstancias insalvables en el corto plazo, en unas instalaciones que según el informe se encuentran obsoletas y que podrían convertirse en foco de infección para los animales.

Desde la Concejalía de Bienestar Animal se recibió en mayo una solicitud de amparo municipal por parte de la protectora, con domicilio en el municipio, que declaraba estar atravesando una situación sanitaria muy complicada. En la solicitud advertía del fallecimiento de 46 gatos en tres meses a raíz de múltiples contagios que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no lograban controlarse.

Por ello y bajo la presidencia de Idaira Esther González, se inició un proceso de investigación por parte del Consistorio y en el que han participado la presidenta del Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias y presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, junto con los técnicos municipales de Medio Ambiente y Sanidad, la concejalía de Bienestar Comunitario y la Policía Local, además de la unidad de la Guardia Civil Seprona.

Durante el mismo, la asociación logró aparentemente dar respuesta a la grave problemática planteada al comienzo, consiguiendo frenar el número de muertes que se estaban produciendo.

Fin del proceso

La actuación, que finaliza este proceso con el cese de la actividad pública, les permite continuar con la que ya existe con los gatos que hay en el centro, siempre con el objetivo de velar por la dignidad y el bienestar de las personas que se encuentran dentro del mismo.

Tras esta declaración por parte del municipio después del análisis exhaustivo de las instalaciones, se da cuenta del debido cumplimiento que hay que dar a las ordenanzas y leyes existentes, recordando que el abandono animal es un delito penado con cárcel. Por ello, para perseguir este tipo de infracciones que la protectora asegura que desde hace muchos años ocurren en los exteriores de sus instalaciones, se intensificará la vigilancia policial en las inmediaciones.

De igual forma, se elevará el caso a instancias superiores y se creará una mesa de trabajo con las áreas implicadas, que asesorará a la asociación a todos los niveles de cara a poder recuperar en un futuro próximo su actividad pública, si así lo considerase.

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