Los docentes de los centros educativos canarios, convocados a paros ante la propuesta de estabilización

Los docentes de los centros educativos públicos no universitarios de Canarias han sido convocados a seis jornadas de paro parcial, en noviembre y diciembre, ante la propuesta de estabilización del personal docente hecha por el Ejecutivo canario. A propuesta de UGT Canarias, las fechas son el 14, 21 y 28 de noviembre, y el 5, 12 y 19 de diciembre, en horarios establecidos entre las 12.00 a 14.00 horas; 18.00 a 20.00 horas, y 21.00 a 23.00 horas.

UGT Canarias realizó una consulta a los docentes públicos, desde el pasado 14 de octubre, mediante la cual quería conocer el sentir del colectivo ante la postura planteada por la Consejería de Educación. Con una participación de más de 1.600 docentes, el 44,1% no afiliados a UGT, el 36,5% estaría dispuesto a ir a la huelga.

“Los compañeros y compañeras con su respuesta han dejado claro que están hartos y que necesitan que la labor realizada durante años sea reconocida en este proceso de estabilización”, afirmó Francisco Bautista, secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias. Es clave que Canarias “se salga de la mesa de coordinación del proceso de estabilización y que establezca unas bases y un baremo propio de puntuación”.

“Esto no es nuevo, ya que esta fórmula se aplica en otros sectores tales como la sanidad y ha servido para estabilizar la plaza de muchos trabajadores. Por eso, no entendemos que la situación no se quiera propiciar en educación”, indicó Bautista.

Recordó que el presidente del Gobierno regional “ha incumplido” lo acordado con los sindicatos educativos para intentar buscar una fórmula para que nuestros docentes “tengan una mayor consideración en el número de servicios prestados y se les cuente más para consolidar su puesto de trabajo que los del resto del Estado”, destacó.

“Insistimos en que hay que articular una norma y diferenciar las bases para Canarias”, manifestó.

Desde UGT, las actuales bases reguladoras “discriminan a nuestra gente” y supondrá que unos 4.000 empleados públicos “se pueden ver en la calle al no poder jugar en las mismas condiciones que el resto que se quiera presentar”.