En el último año, 2.000 licitaciones públicas en toda España se han quedado desiertas, por valor de 900 millones. En el caso de Canarias, son unas 200 las licitaciones que se han quedado sin cubrir, por un volumen de 72 millones. Es casi el 10% del total de las obras desiertas en conjunto de España, una cifra muy elevada que amenaza la viabilidad de los fondos europeos, ya que se están quedando en el aire contratos de hospitales, depuradoras, desaladoras o redes de transporte, entre otras inversiones llamadas a transformar la economía de Canarias y del país.
En este sentido, el presidente de la Federación Provincial de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, volvió a insistir, una vez más, en que si la Administración no revisa los precios de las obras públicas, el sector parará y muchas empresas quebrarán. “A pesar de tres Reales Decretos-ley de revisión de precios, esta medida sigue sin aplicarse a nueve de cada diez obras, debido al sinfín de condicionantes. Necesitamos una ley más ambiciosa, que compense especialmente a las pequeñas y medianas empresas”, aseguró en declaraciones a DIARIO DE AVISOS.
Por ello, conjuntamente con la Confederación Nacional de la Construcción, solicitan al Gobierno de España aprobar cuanto antes un nuevo Real Decreto Ley de revisión de precios más ambicioso y libre de condicionantes, que no discrimine a la práctica totalidad de las obras e incorpore los precios descontrolados de la energía y otros materiales para detener la “sangría” de licitaciones desiertas. Esto pone en serio peligro la viabilidad de los fondos Next Generation y de las inversiones contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
La Legislación debe permitir el eventual restablecimiento del equilibro económico de los contratos públicos, por la aparición de un riesgo anormal e imprevisible, de tal manera que los órganos de contratación puedan reconocer el derecho del contratista a percibir una indemnización o compensación por los daños y perjuicios efectivamente producidos, como consecuencia directa e inmediata del imprevisible aumento del precio de las materias primas y del retraso anormal en el suministro de materiales que estamos viviendo en la actualidad.
“Así, evitaremos el riesgo de que las empresas opten por no presentar ofertas a los contratos públicos que se licitan, como está ocurriendo, o que, los contratos públicos se adjudiquen a empresas foráneas que hacen bajas inasumibles a pesar de las altas probabilidades de no poder cumplir con las calidades exigidas, tiempos y terminación de obras”, explicó.
Alrededor del 95% de las obras no está obteniendo revisión y los sobrecostes están superando de media el 40%, por lo que las pymes canarias están soportando íntegramente la escalada de precios.
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