El Ayuntamiento de Granadilla de Abona comunicó ayer, después de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el recurso 1378/2019, interpuesta por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona contra la Orden Ministerial de fecha 23 de abril de 2019, en materia de deslinde del dominio marítimo terrestre del tramo de costa desde el muelle de El Médano hasta la playa de Pelada, que se encuentra aún estudiando jurídicamente el siguiente punto, que pasa por presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la defensa del PGO del municipio, aprobado inicialmente el 26 de junio de 2003 y, definitivamente, el 26 de enero de 2005.
El inicio de este expediente comenzó el 14 de julio de 1997, cuando la Dirección General de Costas autorizó la incoación del expediente de deslinde al apreciar que lo aprobado el 10 de octubre de 1969 para este tramo de costa de El Médano, desde el muelle hasta la playa de Pelada, no incluía todos los bienes definidos en la Ley de Costas. En este caso, no entra el expediente del hotel Médano.
En julio de 2014, con motivo de los cambios legislativos introducidos por la Ley 2/2013, en la Ley 22/1988, la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y del Mar solicitó al Servicio Periférico de Costas de Tenerife el informe de adecuación del expediente de deslinde a la Ley 2/2013. El 26 de octubre de 2017, el Servicio Periférico de Costas de Tenerife abrió un periodo de audiencia, en el cual el Ayuntamiento presentó alegaciones y se opuso al deslinde propuesto, en defensa de la ordenación establecida en el Plan General vigente. Por el contrario, y según argumenta el abogado del Estado, los terrenos no se encontraban clasificados como urbanos en el planeamiento urbanístico vigente a la entrada en vigor de Ley de Costas de 1988, no se contaba con un plan parcial aprobado y ejecutado ese año.
Señalan desde el Consistorio que “se ha velado, y así se seguirá haciendo, por el interés general de los afectados por esta delimitación de 1988. Desde el Servicio provincial de Costas se aclaró a la Administración municipal que no se iba a producir la demolición de ninguna vivienda”.
La exalcaldesa Carmen Nieves Gaspar señaló, como abogada, que “el Ayuntamiento de Granadilla tiene que recurrir” y pronosticó que, si ese deslinde se lleva afecto (de 20 a 100 metros), “urbanizaciones consolidadas de media costa de Andalucía y Canarias” desaparecían.
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