La plataforma Los Silos-Isla Baja hace un llamamiento a la ciudadanía para poder continuar en los tribunales de justicia su denuncia contra los vertidos de aguas residuales en la costa de la comarca.
Para seguir con este proceso, solicita a los vecinos que contribuyan con una aportación económica (el número de cuenta se puede encontrar en sus redes sociales) para poder cubrir los gastos jurídicos derivados del contencioso administrativo ya iniciado contra las tres partes implicadas en la aceptación y firma del convenio de vertidos del pasado año, para así trasladar las aguas residuales desde Garachico a Los Silos a través del emisario submarino existente en este último municipio.
“Este convenio se vendió como una solución y, sin embargo, es todo lo contrario, porque, además, Los Silos tiene que abonar un coste de 33.410 euros al año por el mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales, además de sufrir el perjuicio directo para su costa, la actividad pesquera y económica y de ocio”, critican desde la plataforma.
El colectivo, que se moviliza desde 2017 en contra del proyecto de saneamiento y depuración comarcal propuesto por el Cabildo, insiste en que esta infraestructura “deteriora la flora y la fauna marina, perjudica la salud de la población y limita el desarrollo económico y las posibilidades de ocio”. Es más, insiste en que no es un problema que afecta exclusivamente a la Isla Baja, sino a toda Canarias.
Depuración natural
Por el contrario, la plataforma apuesta por una depuración extensiva o natural, como única solución para “compensar” el trasvase de aguas residuales desde el municipio vecino. En este sentido, considera que la depuradora de Masca es el modelo natural y sostenible que se persigue en la Isla Baja y que es aplicable a cualquier sitio. Sus argumentos pasan por que es un sistema más económico, más efectivo, más respetuoso con el medioambiente y de fácil instalación en la costa.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento se defiende que este modelo no es una alternativa real para Los Silos. La alcaldesa, Macarena Fuentes, apunta que la firma del convenio está amparada en criterios técnicos y jurídicos.
