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Caso mediador: libertad con cargos para Fuentes pese a la “absoluta discrepancia” de la jueza

El exdiputado majorero, acusado de ser uno de los cabecillas del caso Mediador, elude la prisión provisional al no solicitarla la Fiscalía, aunque “existe peligro de destrucción de pruebas”
El exdiputado Juan Bernardo Fuentes, ayer, a su salida del juzgado de Santa Cruz. Sergio Méndez
El exdiputado Juan Bernardo Fuentes, ayer, a su salida del juzgado de Santa Cruz. Sergio Méndez

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife no dejó lugar a duda alguna en el auto judicial donde dicta la libertad con cargos para el ahora exdiputado en el Congreso por la provincia de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes (PSOE) sobre su “discrepancia absoluta” con tal medida, determinada por la propuesta de la Fiscalía en tal sentido y que guarda relación con el caso Mediador, una presunta trama de corrupción. En el auto en cuestión, la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo detalla que tal discrepancia se debe a que, a su entender, sí “existe peligro de destrucción de fuentes de pruebas”, en contra de la valoración opuesta realizada por el fiscal Anticorrupción tinerfeño, Javier Serrano-Jover.

En tal documento judicial, cuyo contenido adelantó en exclusiva DIARIO DE AVISOS, se incluye este párrafo harto llamativo en el que se refleja que hay que “destacar que pende en la fase actual de la investigación el estudio exhaustivo de los múltiples dispositivos, y demás efectos y documental intervenidos en los registros, y que ante el potencial de las relaciones personales del exdiputado pudieran verse afectadas y/o destruidas con su puesta en libertad. A criterio de esta titular, se considera en contra de lo informado y de la valoración realizada en Sala por el Ministerio Fiscal, que sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba, dada su posición en las Islas, su vinculación con la política y en este entorno desde el año 1994; sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones, que, a juicio de esta titular y en su conjunto, aconsejaban su ingreso en prisión y no su puesta en libertad, al menos en la fase actual de este procedimiento e investigación, pudiendo verse frustrada la misma por la medida de libertad solicitada, y que por imperativo legal, esta titular no puede dejar de acordarla, en estricta aplicación del principio acusatorio y en discordancia absoluta con lo solicitado por el Ministerio Fiscal”.

Por ende, y como no podía ser de otra manera, dicha magistrada procedió ayer a cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente, donde se determina que solo se puede ordenar el ingreso en prisión provisional si alguna acusación lo solicita. Como quiera que por ahora tal condición solo la ostenta en este proceso la Fiscalía, procedió a su puesta en libertad. A este respecto, cabe recordar que la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya anunció su intención de personarse como acusación particular, pero en todo caso la tramitación de tal solicitud no ha tenido efectos procesales, al menos por lo que respecta a la puesta en disposición judicial de Fuentes que tuvo lugar ayer.

El ahora exdiputado estatal por la provincia de Las Palmas fue detenido el pasado lunes en su isla natal, Fuerteventura, después de que el Congreso notificase oficialmente su dimisión al citado juzgado santacrucero, que lidera la investigación del caso Mediador iniciada hace poco más de un año a cuenta de otro caso surgido en la Dirección Insular de Deportes del Cabildo de Tenerife.

Ese mismo día, los especialistas de la Policía Nacional procedieron, igualmente, al registro del domicilio de Fuentes, pero también al de las sedes de una asociación deportiva que presuntamente habría servido de tapadera para el cobro de mordidas a empresarios del sector ganadero de las Islas, pero también de otros peninsulares que se dedican a las energías renovables, por citar un ejemplo.

Juan Bernardo Fuentes, que sigue siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, está considerado, junto al mediador que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, por los investigadores en cuestión como la cúspide de una supuesta organización criminal en la que también figura (aunque en un papel secundario) su sobrino, Taishet Fuentes, quien relevó a su tío al principio de esta legislatura como director general del Gobierno de Canarias. Igualmente, hay un general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, en prisión provisional por su presunta participación en la trama.

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