La Iniciativa de Apoyo Ciudadano para los Afectados por el Volcán de La Palma ha recabado información de lo que valoran como “el ninguneo del pueblo palmero” ante la erupción de Cumbre Vieja, según publica el diario ABC.
El portavoz de la iniciativa y afectado, vecino del Callejón de la Gata, Óscar Martín, ha tildado de “escándalo” que se ocultasen “incontables eventos geológicos, cada vez a menos profundidad, y con un aumento de los parámetros, precursores de la erupción, que avisaban a los científicos de la proximidad de la misma, sin que las administraciones nacionales, regionales e isleñas alertaran a la población en riesgo”.
De acuerdo a los datos que ha facilitado la iniciativa, “se podrían haber evitado, tan solo con cumplir nuestro ordenamiento jurídico por parte de las administraciones encargadas de velar por nuestra integridad física, jurídica y económica”, las consecuencias de una erupción que “destrozó la vida de miles de personas”.
A partir del 2017, ha explicado citando a la directora del Observatorio Geofísico Nacional, Carmen López, se empezaron a detectar los primeros síntomas preeruptivos “sin que ninguna oficina técnica de ayuntamientos o Cabildo advirtiera a la población, concediendo licencias de obra y cédulas de habitabilidad, hasta en el mismo año 2021, haciendo una clara dejación de funciones”. Para la Iniciativa “no informar de un riesgo, más que evidente, en un territorio que tenía los meses contados”, es una prueba más de que “no había protocolos de información ciudadana”.
“Lo sabían, lo sabían y no nos lo dijeron” con “leyes de protección civil que fueron violadas sistemáticamente por nuestros administradores”. “Ya está en manos de distintos despachos de abogados”, indican.
Según el equipo URGE (Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia), del IGN, IGME-CSIC, en el número 15, de otoño de 2021, de la revista digital Consorseguros, el día 11 de septiembre (fecha del inicio del enjambre sísmico y ocho días antes de la erupción en superficie) fueron alertados por la dirección del IGME-CSIC, ante el aumento descontrolado de la sismicidad y el descenso de la profundidad de la misma, para “llevar a cabo un seguimiento del proceso y poder anticiparse a una, más que segura, erupción volcánica en Cumbre Vieja”. Ese mismo día, ya sabían que se enfrentaban a “un fenómeno de tipo estromboliano, con emisión del campo de lavas que podría sobrepasar las 700 ha, y con una duración máxima de 84 días” (finalmente la erupción duró 85 días).
“¡Cómo hubiera cambiado la situación para los afectados, si hubieran dispuesto de esta información!”, lamentó Óscar Martín. El día 15 de septiembre de 2021, después de realizar las tareas de reconocimiento en las zonas afectadas y de estudiar los parámetros geofísicos, el coordinador de la URGE se puso en contacto con la UME, en concreto con la división de inteligencia, para “trasladar toda la información sobre una inminente erupción en la zona concreta, donde días después se produjo”. Ese mismo día, denuncia la Iniciativa, se alerta a las autoridades para que activen todos los planes de Protección Civil, en los que se incluye “proporcionar información veraz y actualizada” a la población, con el fin de proteger vidas y propiedades. Esto último, denuncia, “fue desoído”por parte de las autoridades.
El Cabildo destina 12,5 millones a la recuperación económica y social
El Cabildo de la Palma inyecta 12,5 millones de euros más a la recuperación económica y social de la Isla. Estos fondos, provenientes del convenio con el Estado del pasado noviembre, permitirán recuperar infraestructuras afectadas por el volcán, apoyar a los afectados, así como al tejido empresarial e industrial de la Isla. Hasta el momento, el Cabildo de La Palma ha invertido más de 80 millones de euros de fondos propios para reparar infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad insular. El Gobierno central admite solo 24 millones de euros, por lo que el Cabildo recibe el 50%, 12 millones de euros, que ya había invertido con fondos propios y que ya puede justificar. Ahora reinvierte esa aportación, que ya son fondos propios sin afección alguna, con 6,2 millones de euros destinado a continuar con infraestructuras viarias dañadas por el volcán, 1,5 millones de euros destinados al Consejo insular para sufragar parte de las obras hidráulicas ejecutadas o en ejecución. Se añaden 720.000 euros destinados a eficiencia energética y 450.000 euros, a apoyar a 170 autónomos y empresarios.
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