Las producciones cinematográficas se han convertido en una fuente importante de ingresos para el Archipiélago. Justo ayer, conocíamos que la industria audiovisual dejó en Canarias 224 millones de euros de inversión en 2022, el doble que el año anterior (98 millones y un 128% más), con más de 164 producciones de cine y series, sin contar publicidad, e impactó en la contratación directa de 15.300 personas de perfil muy joven.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dio a conocer estas magníficas cifras en una rueda de prensa junto a la coordinadora de Canary Islands Films, Natacha Mora, donde destacaron que se han pasado de 155 producciones a 164, pero con una inversión superior. “Esto evidencia que estamos ante los mejores datos de la historia de Canarias, que en 2022 se han hecho más películas y series que en ningún otro año y que la inversión se ha doblado frente al año anterior. El sector ha pasado de 8.600 contrataciones a 15.300, el doble prácticamente”, dijo.
“Son cifras espectaculares gracias a la estrategia clave en la que defendemos escenarios naturales, horas de luz e incentivos fiscales”, indicó. Además, recordó que, “gracias al diálogo político”, se logró salvar el año pasado el diferencia fiscal del 80% respecto a otros territorios de las inversiones del sector audiovisual. “Había dos opciones: judicializar el asunto o negociar políticamente y conseguir que siempre que haya una deducción fiscal Canarias tenga un diferencial del 80 %”, explicó. “No va a haber en el futuro ninguna decisión que dañe esta industria”, subrayó.
Hay que recordar que en mayo de 2021 se comenzó a aplicar un nuevo criterio en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, introducido en mayo de 2020, según el cual era más rentable para una producción internacional rodar en la Península que en Canarias, puesto que el importe máximo que podía devolver Hacienda por sus gastos era mayor en el territorio nacional. En su momento, el Gobierno de Canarias argumentó que Madrid estaba incumpliendo el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, que hacía referencia a la deducción por inversiones en Canarias y que dice claramente que “los tipos aplicables sobre las inversiones realizadas serán superiores en un 80% a los del régimen general, con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales”. Siendo esto así, si en la Península se ha elevado el tope de las deducciones fiscales al cine a 12,4 millones de los 5,4 que tenían antes de la modificación de mayo de 2020, en Canarias ese tope debería situarse en unos 18 millones de euros. Este criterio finalmente se cambió tras una dura negociación con Madrid a través de una enmienda en la ley 14/2021 de octubre en el Congreso de los Diputados y esto es lo que ha motivado los buenos resultados de los rodajes en el Archipiélago.
De hecho, según adelantaron ayer a este periódico fuentes del Ejecutivo canario, en junio habrá que solicitar a la Unión Europea ampliar la ayuda de Estado fijada en 50 millones, porque seguro que Canarias la supera.
Constitucional
No obstante, justo ayer el Tribunal Constitucional daba a conocer la sentencia por la que desestima, por unanimidad, el recurso interpuesto en su momentos por el Parlamento de Canarias contra el decreto ley de 2021 que modificó el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas para actualizar los límites de las deducciones concedidas al cine. Se trata de un recurso que el Parlamento interpuso por unanimidad, dado que no se había solicitado a la Cámara canaria el informe preceptivo previo a cualquier modificación del REF. El Tribunal resuelve ahora ese recurso que en su disposición final tercera, convalidado por las Cortes Generales, elevaba de 5,4 a 12,4 millones el límite de las deducciones en el impuesto de sociedades de las que podían beneficiarse los producciones cinematográficas españolas o extranjeras que se rodaran en Canarias.
Aunque formalmente se elevaba la deducción, el Parlamento de Canarias entendió cuando presentó el recurso que las Cortes Generales habían vulnerado el Régimen Económico y Fiscal, dado que, al mismo tiempo, se subieron las deducciones aplicables al resto de España y la ventaja fiscal de las islas sobre el resto del país se reducía, de ese modo, al 25%, cuando, bajo su criterio, el REF impone respetar, al menos, un 80%.
La sentencia del Constitucional, hecha pública ayer, deja bien claro que no se ha vulnerado ningún aspecto del REF y que el Estado ha respetado todas las garantías. En el auto, del que es ponente el magistrado César Tolosa, el Constitucional niega la razón al Parlamento canario y falla que se respetaron las garantías previstas en el Estatuto de Canarias pidiendo al Legislativo autonómico que se pronunciara sobre el decreto ley con carácter previo a su aprobación definitiva. “La sentencia del pleno rechaza que se haya vulnerado el contenido esencial de dicho régimen económico, pues la preservación de una política fiscal diferenciada no incluye la existencia de un núcleo mínimo indisponible”, argumenta el Constitucional en un comunicado. El Tribunal entiende, además, que concurrían “las circunstancias que justificaban la legislación de urgencia, sin que el principio de seguridad jurídica se vea vulnerado al ser la norma clara y previsible en sus efectos”.
José Ramón Barrera, socio-fundador de la firma Assap y experto en incentivos fiscales al cine en las Islas, afirmó ayer a este periódico tras conocer el auto del Constitucional que la sentencia “pone en riesgo futuras modificaciones del REF”, ya que el diferencial mínimo del 80% queda “distorsionado”. “La sentencia dice que se ha cumplido con los establecido, puesto que es obligada la consulta al Parlamento de Canarias de cualquier modificación del REF; como esa consulta se hizo, el Constitucional da por buena esta modificación, sin entrar a valorar lo que se modifica”.
Esto para Barrera pone en riesgo futuras modificaciones del REF, ya que deja en el aire lo esencial, “nuestro diferencial”. “Es un nuevo ninguneo que a futuro podría permitir cualquier modificación del REF”, dijo.
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