Al cumplirse tres años del inicio del estado de alarma en España, decretado para intentar paliar la pandemia por el coronavirus, más de dos millones de españoles, de ellos 50.000 canarios, continúan una auténtica pesadilla al sufrir COVID Persistente, término que se adoptó para esta nueva enfermedad.
En todo el país, los colectivos de afectados realizaron actos para visibilizar su situación y leer un manifiesto en el que reclaman a la Administración y a la sociedad que “no nos dejen solos y nos abandonen a la suerte”. No desean “quedar en el olvido”, pues, como indican, “la pesadilla no ha terminado para nosotros”.
“Tristemente, muchas personas fallecieron, otras se recuperaron y pudieron continuar con sus vida; otros ni se enteraron y, aunque todos salimos heridos, podemos asegurar que más aún los que tres años después sufrimos la COVID Persistente: una maraña de síntomas y enfermedades que nos afectan de forma diferente, un viacrucis de visitas a médicos, un sinfín de pruebas diagnósticas y gestiones con la Administración. Una merma de nuestra vida anterior y, a veces, una no vida”, manifestaron.
En el caso de Canarias, solicitaron que se “pongan en funcionamiento de manera inmediata las Unidades Multidisciplinares” a las que se comprometieron hace cinco meses el consejero de Sanidad y las representantes del Servicio Canario de Salud en la Estrategia de COVID Persistente. “Seguimos sin saber cuándo empezarán a funcionar”, lamentaron.
Asimismo, solicitaron la creación de un “registro nacional y autonómico de pacientes con la enfermedad”, denunciando que “no existen datos oficiales de afectados”. Exigieron que las comunidades autónomas “unifiquen criterios y utilicen la codificación del CIE de modo homogéneo, con el código U09.9 indicado por la OMS desde 2021”.
Por otro lado, demandaron que se agilicen las distintas listas de espera. “En el caso de las interconsultas con las distintas especialidades, pruebas complementarias y la rehabilitación, la media de lista de espera varía entre cuatro a seis meses en el 6% de los afectados y de uno a dos años en el 51% de estos pacientes, según las especialidades”.
Además, denunciaron que “la lista de espera para la valoración del grado de discapacidad se demora más de dos años y medio”.
Por último, recalcaron que “deben invertirse más recursos en la investigación”, incluyendo la persistencia de síntomas tras la administración de vacunas y en la “formación de sanitarios”.
