La Asociación Agua para La Palma presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción relativa al convenio por el que el Consejo Insular de Aguas, organismo adscrito al Cabildo, concedió 969.230 euros en dos subvenciones directas a la comunidad de propietarios del pozo de El Roque para ponerlo de nuevo en producción.
En el momento de aprobarse este convenio, en 2020, la entidad privada beneficiaria tenía entre sus accionistas al padre del presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata (PP), miembro del Consejo Insular de Aguas, y, según subraya el colectivo denunciante, “máximo responsable de todas las decisiones tomadas”.
La asociación informa en una nota de que emprende estas acciones penales “al entender que se han vulnerado leyes, y por lo tanto, se trata de una decisión pública en perjuicio del interés general, por el proceder en este caso de responsables políticos y cargos públicos del Consejo Insular de Aguas”.
Para la asociación, “ya es hora de que empiecen a dar explicaciones ante los juzgados”, y por ello se recurre a la Justicia “por haber perdido la esperanza en nuestros representantes públicos, empeñados en ocultar detrás de sonrisas y eslóganes que incumplen su obligación de tomar decisiones que favorezcan a la mayoría”.
El convenio que ha motivado esta denuncia, asevera la entidad denunciante, es uno de “los muchos ejemplos” de decisiones tomadas en la que se ha embarcado el Consejo Insular de Aguas “en su continua huida hacia adelante, dando cabida mayoritariamente a medidas adoptadas de forma urgente, dejando fuera las que realmente necesita la isla, o sea, las importantes, con el triste logro de haber convertido este organismo en una máquina de picar dinero público”.
Mientras se invierte dinero público en rescatar y reactivar este pozo privado, se deja con cero euros “una actuación seria y responsable como es salvar del estado de ruina el Túnel de Trasvase, ejecutar bien sus cierres -actualmente mal ubicados y pierden agua-, además de perforar un kilómetro más por la boca de Hermosilla”. Esta obra pública, que financió en su día el Estado, “es la solución definitiva para cuando haya déficit hídrico en el Valle de Aridane, y para crear reservas cada vez mayores, con su correcta gestión”, comenta. Y así quedó reflejado también en un crédito extraordinario de 11,8 millones de euros que se incorpora al presupuesto de 2023 del CIA.
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