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Las familias del edificio Aloe I, en El Fraile, desesperadas ante el desahucio

La concejala Antonella Aliotti recuerda que “el Ayuntamiento de Arona ingresó a Visocan, en junio de 2022, tres millones de euros para la compra de los 14 pisos del inmueble”
La concejala Antonella Aliotti se ha distinguido por la defensa de las familias del edificio Aloe I.
La concejala Antonella Aliotti se ha distinguido por la defensa de las familias del edificio Aloe I. DA

Los vecinos del edificio Aloe I, en El Fraile, están desesperados ante la posibilidad de un desahucio por el prolongado silencio administrativo de Visocan en relación a la firma que formalizaría el contrato de compra de estas viviendas VPO. Las diez familias han amenazado con encadenarse este lunes en las puertas de la empresa pública.

La concejala por el grupo Mixto del Ayuntamiento de Arona y candidata de Drago Verdes Canarias, Antonella Aliotti, denuncia la situación extrema a la que se enfrentan los vecinos de este edificio. “Llevamos un año esperando la firma definitiva con el banco. Visocan elude todas sus responsabilidades y trata a las familias que residen en estas viviendas con desprecio”, asegura. Mientras, desde el Ayuntamiento de Arona muestran el apoyo a las demandas vecinales.

La edil señala que desde el 2011 estas viviendas fueron alquiladas en régimen de opción a compra. “En 2020, llegó una moción al pleno del Consistorio municipal para que se abonaran los tres millones de euros destinados a la compra de los 14 pisos del edificio Aloe I, compromiso que adquirió Visocan. Ese acuerdo se tomó por unanimidad y el dinero está ingresado en Visocan desde junio de 2022”, asegura Aliotti.

Recuerda Aliotti que el portavoz de Visocan declaró hace un mes en DIARIO DE AVISOS que “los Servicios Sociales del Ayuntamiento evaluaron el nivel de vulnerabilidad de las familias que allí viven y no tendrán ningún problema para seguir siendo inquilinos del edificio Aloe I”, aunque la definitiva compra aún no está realizada al banco propietario del inmueble.

Asegura que las familias han pagado abogados y que en Visocan no cogen teléfono. “Ahora lo que me preocupa no es solo la firma del banco y Visocan, sino la firma de los contratos entre Visocan y las familias”, indica Aliotti.

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