Lorena vuelve a exigir que su hijo con autismo acuda a su colegio en Las Zocas

Lorena Labrador volverá a concentrarse desde hoy frente a la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife, y ahora también iniciará una huelga de hambre, para exigir que su hijo de seis años, que tiene autismo, pueda regresar al CEIP Juan Bethencourt Alfonso de Las Zocas, donde estudiaba hasta que este curso “le derivaron de forma unilateral a un aula enclave” en San Miguel. Pese a que un auto judicial le dio la cautelar y ordenó su regreso a Las Zocas, la Consejería recurrió ese fallo y continúa en el aula enclave pese al deseo de que su hijo pueda volver “a su colegio de siempre”, que “favorece su integración con sus amigos y vecinos de barrio”.

La tinerfeña defiende el “derecho que tienen los padres, según la Constitución, a elegir la modalidad educativa de sus hijos y en el derecho a una educación en igualdad de condiciones”, y está dispuesta a “agotar la vía judicial y recurrir a la justicia europea” para que su pequeño vuelva a clase con sus compañeros. Lorena denunció públicamente en septiembre la “denigrante” forma en la que su hijo fue cambiado de colegio, en el primer día de clase. “Sin avisar, cancelaron su matricula de forma unilateral y se quedó solo en medio del patio, después de ver cómo todos sus amigos eran llamados a entrar a clase”. Así fue “derivado a la fuerza” a San Miguel por no contar su colegio con apoyo educativo.

Labrador lucha “por la igualdad de oportunidades” y recuerda que Rodrigo es un niño “cariñoso y tranquilo que no molesta en clase” y que sufre un autismo “leve” que “solo le afecta en la forma de comunicarse, pero que con técnicas y apoyo, como pictogramas, entiende las cosas”. El pequeño quería continuar en el aula en el que ha estudiado los tres cursos de Infantil y en el que están sus amigos y profesores. “Los niños y niñas con estos trastornos autistas, así como con alguna discapacidad, tienen derecho a ser educados en aulas ordinarias con la asistencia necesaria, tal y como recogen distintos acuerdos para evitar la exclusión y para que exista una educación inclusiva real”, afirmó.

Lorena expuso su queja al diputado del Común y recurrió a los tribunales. La titular del juzgado de Primera Instancia Número 4 de Santa Cruz de Tenerife les “dio la razón y ordenó el reintegro inmediato en su centro de origen, primando para él una educación inclusiva, y al estar dentro del programa de inclusión para ese alumnado”.

Pero la alegría duró poco, el Gobierno de Canarias recurrió el auto judicial: “Tienen la poca vergüenza de vender inclusión educativa y recurrieron la sentencia que ordenaba su regreso”.

Rodrigo sigue acudiendo al aula enclave en San Miguel, “donde no se ha adaptado, su bienestar emocional ha empeorado, está copiando actitudes y tics de compañeros con un autismo más severo y está retrocediendo en su formación”, denunció.

Labrador afirma que Educación ha tenido una actitud “soberbia, humillante y de acoso y derribo”, además, de no dar la cara. “Hablan y se llenan la boca con la inclusión y al final imponen centros y una educación que muchos padres no quieren”. Lorena nunca firmó el consentimiento para el cambio de educación ni de colegio. “Llevé informes que avalaban que Rodrigo debía continuar en un aula ordinaria, con el apoyo necesario de un auxiliar”. “Lo que están haciendo con los niños con discapacidad es una segregación y discriminación, desviarlos a las aulas enclave, cuando muchos solo necesitan más apoyo para que no se queden atrás”, finalizó.