Susana Arlot y Antonio Vega son los padres de Daniel, un niño de 5 años con una ligera discapacidad, que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias cambió su matrícula a un centro preferente motórico, el CEIP Las Mantecas, a principio de curso en contra de la voluntad de sus progenitores y que ha supuesto un notable daño psicológico. Susana y Antonio denuncian que esta situación constituye una clara discriminación que vulnera el derecho del alumno a una educación inclusiva así como la atención a la diversidad.
Además, ha generado problemas de conciliación laboral, el perjuicio familiar es evidente, está sufriendo esta situación tanto su hermano mayor Antonio, que estudia en el CEIP Fernando III el Santo, al que acudía su hermanito en el curso 2021-22 tras dejar la guardería, como sus padres que reciben asistencia psicológica mientras el propio Daniel evidencia un retroceso emocional y conductal, evidenciado por sendos informes de las especialistas del Hospital Universitario de Canarias (HUC) que atienden al menor desde hace años. Los estudios recalcan un paso atrás en socialización, empeoramiento de conducta, mayor retraimiento; está muy irritable, llora, presenta insomnio y terrores nocturnos, tiene movimientos y tics, prefiere el aislamiento, no desea jugar incluso con su hermano, se enfada, se niega a acudir al nuevo colegio, que quiere ir a casa o ir al cole con Toni, actitudes que han emergido tras el cambio del nuevo centro pues antes era muy risueño y agradable.
Tanto Antonio como Susana relatan que con fecha 28 de agosto de 2022 recibieron la resolución de la Dirección Territorial de Educación que imponía la escolarización de su hijo Daniel en un centro de atención preferente con discapacidad motora, el CEIP Las Mantecas para el curso 2022-2023, contra la voluntad de los progenitores ya que se encontraba matriculado en el CEIP Fernando III El Santo, y estaba escolarizado su hermano mayor Antonio. Esta decisión se tomó, según los padres de Daniel, ignorando diversos informes de especialistas de Psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias (HUC) que lo desaconsejaban al afectarle psicológicamente, además de alterar sus rutinas y distanciarle de su hermano mayor.
La Consejería argumentaba su decisión, en primer lugar, por una ligera discapacidad motora, que el niño ha superando. Tiene una pequeña miparexia, aunque Daniel es autónomo, ya lo era desde el curso pasado, es decir, corre, salta, sube escaleras, hace la vida de un niño normal con una ligera dificultad. “No pudieron rebatirlo, la valoración de psicomotricidad señala que el menor era autosuficiente y totalmente autónomo en sus movimientos”, mencionaban que el Fernando III el Santo “presentaba barreras arquitectónicas cuando no es verdad, más el 90% de accesos son por rampa, y cuando en 2022 Daniel ya subía y bajaba escaleras de manera autónoma, según los informes del médico rehabilitador del HUC”.
Así es que, “tuvieron que argumentar que no tenía el control de sus esfínteres”, que necesitaba un auxiliar con él. En este punto, los padres relatan como ya desde julio de 2022, Daniel tiene pleno control de sus esfínteres y pide permiso para ir al baño. Hasta esa fecha llevaba pañal en el cole, y su padre Antonio acudía al centro a cambiárselo, o en ocasiones lo hacía una auxiliar NEAE adscrita a un niño con TEA de su misma clase en el Fernando III y también cuenta con profesorado para alumnos con NEAE. “La inspección argumentó que Daniel debía tener un auxiliar propio”, pero esto no era posible en ese centro, sino que conllevaría un traslado, mientras los padres afirman que “tenía autonomía de movimientos, comía solo y que había alcanzado el control de esfínteres y pedía permiso para acudir al baño, no siendo necesario la ayuda de un auxiliar educativo”.
Los informes realizados por Educación manifestaban que Daniel tenía en 2021 un desarrollo “próximo a su edad cronológica tanto en el área personal y social como en el área de comunicación”, solo presentando “un desajuste en el nivel expresivo y receptivo”. Esa anomalía se resolvería con “una pequeña adaptación curricular y un apoyo puntual”, que no tendría que ser motivo para un cambio de colegio, ni su inscripción en un aula enclave”, afirman.
Por tanto, el dictamen de nueva escolarización que argumentaba un cambio de centro “no se justificaba habida cuenta de la autonomía adquirida por el alumno y la negativa de los padres”. Además, trataron de justificarlo diciendo que el Fernando III no dispone de auxiliares educativos y profesorado NEAE cuando es incierto, es preferente para alumnos con TEA.
“Esta situación está acabando con toda la familia”, denuncian
El cambio de centro ha afectado psicológicamente tanto a Daniel como al resto de la familia. “El propio Toni también está sufriendo por su hermano, y estamos en manos de psiquiatras no solo el pequeño, sino también mi mujer y yo”, relató Antonio.
“No tenemos vida social ni familiar, la conciliación laboral es casi nula, porque Dani sale a las 13.30 horas y Toni a las 16.00 horas. Por la tarde vamos con Daniel a las terapias y yo tengo una discapacidad, por lo que hay días que tiene que ir Susana, reventada de trabajar. Esta situación está acabando con todos”.
Tanto Susana como Antonio reconocen que su hijo no está adaptado al colegio de Las Mantecas. “Lo peor que llevamos es el sufrimiento emocional que está teniendo Daniel, que le puede quedar para toda la vida. Es muy duro ver cómo dejamos a su hermano y él tiene que irse al otro colegio. Al principio, se bajaba, quería quedarse y había que subirlo por la fuerza al coche, ahora ni mira, ni se despide. Las noches previas y las mañanas de clase son desgarradoras”.
Daniel es un niño de rutinas y no se adapta bien a los cambios, tiene pesadillas, toma medicación para dormir, está muy nervioso y tiene tics por estrés. “No hace más que repetir llorando que quiere volver a su colegio, con su hermano Toni”. “A nosotros como padres se nos cae el alma al suelo, va resignado, lo entiende como un castigo, dice que no es su colegio, apenas juega con sus compañeros, está aislado. Advertimos que podía ocurrir y se rieron de nosotros”.
Animan a otros padres afectados a sumarse para denunciar conjuntamente a los responsables
La denuncia de Susana Arlot y Antonio Vega, en sus declaraciones a DIARIO DE AVISOS, tiene muchas similitudes con la de Lorena Labrador, la madre del sur que hace semanas realizó una huelga de hambre frente a la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife para exigir que su hijo de seis años, que tiene autismo, vuelva al centro de Las Zocas donde estudiaba hasta que al principio de curso le derivaron de forma unilateral a un aula enclave en el CEIP San Miguel, dejándolo solo en el patio del colegio de su barrio.
El relato del modus operandi de la Consejería de Educación en éstos casos y otros más es casi idéntico y muestra una “vulneración de derechos a una educación inclusiva y la atención a la diversidad, así como una discriminación de los menores”, en estos casos por ser personas con discapacidad, más o menos notoria.
“No es el único caso, conocemos al menos 16 en Tenerife, el más famoso el de Lorena. Es una discriminación activa contra los niños con discapacidad que es increíble, la ley dice que todos los colegios deben ser inclusivos para sus alumnos y la Comunidad está obligada a suministrarle las herramientas necesarias para que los niños se adapten al colegio, con los fondos propios y los que da el Estado”, afirmó Antonio.
Ambos señalan que “están cometiendo un delito penal, recogido en la ley, la discriminación por discapacidad es clarísima. Y es increíble que en el texto de recurso contradicen las propias leyes que enumeran para argumentarlo”.
Tanto Antonio como Susana señalaron a DIARIO DE AVISOS que desde la Consejería comenzaron a “buscar mil y una excusas para cambiar de centro a mi hijo” y tuvieron que reconocer al final que no era por la supuesta discapacidad motora, “era porque el niño llevaba pañal, es decir, un argumento que actualmente no se sostiene y está superado”. Daniel es un niño que “necesita que lo motiven, y con rapidez coge el ritmo, ahora bien, este curso lo han estancado no le han dejado avanzar, el niño está triste, está sufriendo un grave perjuicio”, denunció Susana.
El niño está cursando estudios en el CEIP Las Mantecas, “donde nos han obligado a cambiar la matrícula del Fernando III El Santo, en el que estaba admitido y tenía plaza, y dieron orden al colegio de que anularan esa matrícula”, obligando a un cambio sí o sí, el 28 de agosto, tres días antes del inicio del curso escolar, de forma unilateral por parte de la Consejería, según informan los padres.
Tanto Susana como Antonio esperan que Educación vuelva a estudiar su caso en breve y que Daniel el próximo mes de septiembre pueda reincorporarse al Fernando III El Santo junto a su hermano, si no lo hacen por la vía administrativa “estarán cometiendo un delito penal”. Además, hay testimonios de supuestas “presiones a otros padres con niños con TEA invitándolos a abandonar el centro. Gente de esta calaña no debería estar trabajando en educación”.
Por lo tanto, animan a otros padres en su misma situación a que se unan para denunciar conjuntamente estas prácticas por parte de la Consejería. “Estamos dispuestos a hacer una plataforma e irnos todos al juzgado y denunciar a esta gente por discriminación, porque no se puede permitir, están causando daño y jugando con la vida de menores inocentes, unas acciones que no tienen nombre, ocultando e ignorando informes de profesionales de la Consejería de Sanidad, con un cinismo y un despotismo importante, discriminando y segregando en centros prioritarios a esos niños”.
