El aparcamiento público de la plaza de España en Santa Cruz carece de accesibilidad. Desde hace años, el Ayuntamiento capitalino, a través del área de Servicios Públicos, viene reclamando al concesionario que acometa la obra necesaria para instalar un ascensor que permita a las personas con movilidad reducida acceder al parking de forma segura, sin tener que hacerlo por la misma rampa que lo hacen los coches. Después de un largo proceso, el área que dirige Carlos Tarife ha procedido a la imposición de una primera multa por este incumplimiento, aunque el importe de la misma, 60 euros, es del todo “vergonzoso” como reconoce el propio Tarife. “Es el importe que viene recogido en los pliegos para un incumplimiento grave, que en aquel entonces (años 90) se fijó en 10.000 pesetas, algo del todo incomprensible y verdaderamente vergonzoso”, lamenta el también primer teniente de alcalde de Santa Cruz.
Unos pliegos que, como detalló Tarife, “también recogen que a la tercera sanción de carácter muy grave se podrá rescatar la concesión y eso es lo que pensamos hacer”. La concesión de este aparcamiento finaliza en 2025, fecha en la que se rescatará la gestión, “pero si la imposición de sanciones se completa antes de esa fecha, también se rescatará antes esa concesión”, apuntó Tarife.
Así que más allá de lo “ridículo” del importe de la sanción, el objetivo de estos expedientes no es otro que el de poder rescatar la concesión cuanto antes. “En pleno siglo XXI no vamos a permitir como ciudad, que un parking como ese siga sin ascensor”. El edil admitió que una vez rescatada la concesión, es decir, cuando pase a manos públicas, permitirá al Ayuntamiento de Santa Cruz ejecutar el ascensor, dotando así de accesibilidad este aparcamiento.
La instalación de un ascensor se lleva solicitando desde 2011, fecha en la que la concesionaria se dirigió al Ayuntamiento para conocer la viabilidad de instalar el citado elevador después que las obras de la Zona Urban primero y de la Vía Litoral después eliminaran las rampas peatonales de acceso con las que contaba el aparcamiento. En 2016 se autorizó la construcción del ascensor y en 2017 la concesionaria llegó a presentar un proyecto de obra, en el que valoraba el coste en 191.512 euros, que luego rebaja a 147.080. Un año después, Interparking (actual concesionario) llegó a comunicar el inicio de las obras, pero informó de que una serie de inconvenientes encarecían el proyecto, unas modificaciones que no obtuvieron el respaldo municipal.
En 2020 el área de Servicios Públicos se planta y exige a la empresa acreditar el inicio de las obras, decisión que fue recurrida por la concesionaria que seguía exigiendo una compensación. El último paso ha sido la imposición de la multa.
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