“Temo que nos vayamos a acostumbrar a que una furgoneta se convierta en la alternativa habitacional de muchas personas”, explica la trabajadora social y coordinadora del programa insular de vivienda Base 25, Alejandra Hernández, que desarrolla Cáritas y que financia el Cabildo de Tenerife. Un programa que trata de hacer frente a un problema creciente que, quizá, se esté haciendo mayor de lo que percibe la mayoría, teniendo en cuenta que empieza a colarse con timidez en los discursos políticos una realidad que hace tiempo que es frecuente en las conversaciones de amigos y familias.
Este programa tiene como objetivo asesorar y acompañar a familias que se encuentran en riesgo de perder su vivienda única y habitual, ya sea por ejecución hipotecaria, desahucios por impago del alquiler o desahucios en precario: cuando no hay documentación que acredite la propiedad de la vivienda, algo no demasiado infrecuente en Canarias y en zonas donde la transmisión de la propiedad ha sido tradicionalmente informal, de padres a hijos y de abuelos a nietos.
Y la realidad es que su trabajo aumenta y las soluciones a su alcance, como la búsqueda de viviendas alternativas a las familias que son desahuciadas, cada vez son más complicadas. “Es una lucha titánica”, explica. “Antes, de autopista para abajo era vivienda vacacional, con las condiciones que tiene, y, de autopista para arriba, se encontraba la vivienda residencial a precios accesibles. Esto ha cambiado. Ahora todo es vacacional”, subraya la coordinadora, que advierte de que “esto se va a poner muy feo”. De autopista para arriba, en las medianías, se encontraba alivio social a los desahucios o pérdida de alquileres que se producían de autopista para abajo.
Si bien hace años, estas situaciones afectaban a personas con ciertas características y rentas, principalmente las más bajas, ahora se está produciendo una generalización del fenómeno de dificultades para mantener la vivienda en alquiler o para encontrar una alternativa. “Con viviendas a partir de 700 euros al mes el problema ya no es de personas con rentas bajas, sino que también afecta a las clases medias. Hay quien tendría que destinar el 80% de sus ingresos al alquiler”, advierte. Pero es que, personas con ingresos de 1.500 o 1.600 euros deben destinar el 50% de los mismos para vivir sin compartir.
Por tanto, ya no se trata de un problema de personas de bajos ingresos, sino que el riesgo real de perder la vivienda ha dejado de entender de ingresos medios y se extiende como una plaga que afecta a las rentas bajas y medias, que, además, se enfrentan a unas condiciones leoninas para que les alquilen una casa, con unos requisitos que cada vez son más difíciles de cumplir.
Pero el riesgo de quedarse sin alternativa habitacional no solo se generaliza entre las clases sociales, sino geográficamente, ya que las zonas en torno a las áreas turísticas tienen cada vez más demanda y la oferta disminuye, porque se destina a vacacional, al tiempo que no se construye vivienda pública. Todo se ha vuelto vivienda vacacional, frente a lo que hace unos años también dividía, geográficamente, la propia autopista, que distinguía entre los usos residencial y vacacional.
Tanto es así que en los seis primeros meses del año, Base 25 ha atendido a 453 hogares con un total de 1.170 habitantes. Por población, Santa Cruz y La Laguna deberían estar en los primeros puestos y, sin embargo, es Arona el municipio que se lleva la palma, con 98 atenciones por parte del equipo de Cáritas.
En segundo lugar se sitúa La Laguna, con 79; Granadilla es tercero, con 75, y Santa Cruz, en el cuarto puesto, con 67. Puerto de la Cruz les sigue con 43.
Es decir, que el Sur se sitúa en niveles de las zonas más pobladas de la Isla, una situación que se explica por el hecho de que el precio de los alquileres en los municipios afectados, ya sea Arona, Granadilla de Abona, Adeje o San Miguel de Abona, ha escalado de tal manera que los salarios son insuficientes para hacer frente al crecimiento de los arrendamientos, más allá de la enorme dificultad de encontrar escasez por la generalización de los contratos de temporada y el alquiler vacacional.
“En el Sur vemos cómo empeora la situación año tras año”, dice Alejandra Hernández, quien explica que “en Arona y Granadilla se ha deteriorado mucho en los últimos cuatro años, afectando a perfiles más normalizados, tanto por la subida del precio del alquiler, saltándose las propias leyes, como por la generalización del fenómeno del alquiler vacacional o la realización de alquileres de temporada”. En cuanto al perfil, hay una clara afectación a las mujeres que sostienen familias de carácter monomarental. Son el 40% de todos los hogares que han sido atendidos por el programa, debido a los bajos ingresos y al número de personas que tienen a cargo, más allá de lo difícil que les resulta mejorar los ingresos.
“Las mujeres son las que suelen hacerse cargo de los hijos, se trata de una persona sola que tiene que atender a otras y que no puede mejorar sus ingresos porque no tiene opciones para conciliar: las guarderías públicas son escasas y las conexiones del transporte público en el sur son malísimas”, explica, lo cual no facilita acceder a esos empleos, que podrían mejorar su situación socioeconómica.
“Cuando empezamos hace seis años, en el caso de que se produjera el desahucio o que la persona perdiera la vivienda habitual, había alquileres disponibles. Ahora es imposible y se va a poner peor”, indica Alejandra Hernández.
