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Cientos de guardias civiles, obligados desde hoy a dejar sus destinos en los puertos y aeropuertos canarios

La Asociación Unificada de Guardias Civiles consideran que esto es "una respuesta a las reivindicaciones de partidos nacionalistas y denuncian que miles de agentes y sus familias se verán afectados,

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado lo que había anunciado el sindicato más importante de la Benemérita, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Una orden publicada en el mismo establece que aquellos “espacios físicos de entrada y salidad del territorio nacional” tanto para españoles como para extranjeros, serán custodiados por la Policía Nacional en lugar de la Guardia Civil, como se venía haciendo hasta ahora. Más de 700 guardias civiles se verán afectados por esta medida, debiendo abandonar sus destinos en los puertos y aeropuertos canarios.

Según el BOE, se considerarán Puestos Fronterizos a los puertos, aeropuertos y pasos terrestres reconocidos o que puedan serlo en el futuro como frontera exterior Schengen. Estos puestos fronterizos se encargarán de realizar funciones de control policial, tanto de manera fija como móvil, para el ingreso y salida de personas del territorio nacional, así como de la seguridad interior de los aeropuertos que cuenten con ellos. Aquellos ubicados en localidades con Comisarías Locales se integrarán en su estructura orgánica, mientras que en los demás casos formarán parte de la estructura de la correspondiente Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial.

La AUGC ha expresado su preocupación por esta decisión del Gobierno que les afecta en puertos y aeropuertos canarios y que interpretan como una reducción de las competencias de la Guardia Civil en Cataluña, País Vasco y en el resto de España. Consideran que esto es “una respuesta a las reivindicaciones de partidos nacionalistas y denuncian que miles de guardias civiles y sus familias se verán afectados, viendo en esta medida un paso más hacia el desmantelamiento gradual de la Guardia Civil en todo el país”. En respuesta, la Asociación ha anunciado acciones jurídicas para detener lo que consideran un “acoso y derribo del Gobierno sobre la Guardia Civil”.

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