DA/EP.| La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a 11 años de cárcel y multa de 65 millones de euros por un delito contra la salud pública al piloto de una avioneta que aterrizó en 2019 en la isla de Fuerteventura con un cargamento de 388,31 kilogramos de cocaína.
La sentencia ha considerado como hechos probados que el 22 de marzo de dicho año una avioneta pilotada por el procesado despegó junto a otras dos personas del Aeropuerto de Casarrubias del Monte (Toledo) para dirigirse a Guinea Conacry en primer lugar y posteriormente a Fortaleza (Brasil).
De esta manera, en un lugar no determinado recogieron un cargamento de 388 paquetes con cocaína, que tenían un valor en el mercado de 11,33 millones de euros, para su distribución en España.
En el viaje de vuelta, que tuvo lugar el 26 de marzo de 2019, aterrizaron en el Aeropuerto de Fuerteventura, donde un día después el Juzgado de Instrucción Nº3 de Puerto del Rosario ordenó una entrada y registro de la avioneta, hallándose los 388,31 kilogramos de cocaína.
Desde ese instante, sobre el piloto pesaba una orden de detención internacional que no se produjo hasta el 28 de marzo del año 2022, momento desde el cual ha estado privado de libertad.
La ruta canaria de la cocaína, en el punto de mira
La ruta canaria de la cocaína es cada vez más importante para los narcotraficantes. Así lo advirtió el pasado mes de junio la fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán, al tiempo que criticó que están trabajando con una “legalidad obsoleta”.
Morán señaló que “España continúa siendo” el tercer país en tráfico de cocaína y un importante referente para los narcotraficantes” de otros países. Así, indicó que Valencia o Barcelona siguen liderando la entrada de esta sustancia, aunque remarcó que ha aumentado el papel de Canarias.
Ante tal panormala, la fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga reclamó más medios humanos para luchar contra el narcotráfico en España y también procesales, de forma que haya un procedimiento “holístico” que, “teniendo en cuenta los derechos fundamentales, permita respuestas ágiles para adoptar medidas tecnológicas de investigación”. También ha abogado por una adaptación a las nuevas realidades y una mejor coordinación con las fuerzas policiales.
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