Será la Justicia la que, finalmente, decida qué le deparará al asentamiento de chabolas y casetas de campaña que se ha ido formando en la playa junto al Parque Marítimo César Manrique, en Santa Cruz de Tenerife, donde el Ayuntamiento activó ayer el procedimiento para el desalojo, un trámite largo y garantista de este espacio de dominio público.
La mejor de las opciones para recuperar un lugar de estas características es la voluntaria, ya que es la única que garantiza cierta eficacia. Ni la Corporación local ni cualquier otra administración pública puede dictar el desalojo sin contar con una orden judicial. Y así será en, al menos, la mitad de los casos.
En ese espacio se concentra un total de 25 casetas con una treintena de ocupantes, según los datos que tiene el propio municipio, que ayer llevó a cabo una operación informativa cuyo objetivo era, precisamente, el abandono motu proprio de los ocupantes y en la que, además, se aprovechó para identificar a los campistas.
De las citadas 25 casetas, una docena fue desmontada de forma voluntaria, según la información facilitada por el Ayuntamiento. Los propietarios de 13 chabolas y casetas decidieron mantenerse en el lugar, ocupando el dominio público.
En cuanto a los perfiles de quienes allí se encontraban, había de todo: personas sin hogar, sí, pero también transeúntes, que tenían previsto trasladarse a otros municipios, y aquellos que, disponiendo de vivienda, han decidido pasar unos días junto al Palmetum y la antigua refinería.
Desde la Corporación se aseguró ayer que a todos los que lo necesitaban se les ha ofrecido alternativas habitacionales en alguno de los recursos de que disponen los servicios sociales, si bien no han optado por ellos.
La playa situada junto al Parque Marítimo, debajo de lo que fue el vertedero de la capital, es un espacio en el que el baño está prohibido.
Acompañados de personal de limpieza
De forma previa a la presencia de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, portuaria y Nacional, al lugar se había acercado la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), con el objetivo de comprobar su situación social.
Una vez realizado este trámite, los agentes hicieron acto de presencia, acompañados de la empresa municipal de limpieza, para recordar a los campistas la prohibición de encontrarse en ese lugar, al tratarse de dominio público, además de ofrecerles ayuda para llevarse sus pertenencias y dejar lista la playa, libre de otros objetos.
Los 12 que desmontaron de manera voluntaria dispusieron del apoyo de la UMA para llevarse sus cosas.
De todo ello se levantó acta, especialmente de los 13 casos que se mantuvieron en este lugar y, en cuyo caso, será el juzgado el que decida, finalmente, sobre el desalojo. Desde el Ayuntamiento se confirmó que, efectivamente, esta orden será solicitada a la Justicia para recuperar el dominio público.
La falta de viviendas ha multiplicado el fenómeno de los asentamientos informales en toda la Isla, donde las playas son uno de los espacios preferidos.
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