El Ayuntamiento de Granadilla de Abona tiene la intención de liderar en el Sur la política de vivienda pública, cuya escasez es uno de los problemas más acuciantes para la ciudadanía. Para ello, el municipio comprará pisos o edificios privados con el objetivo de ponerlas en manos de diferentes colectivos a precios asequibles. Siempre en régimen de alquiler, de manera que no dejen de formar parte del patrimonio público. Es decir, que no se venderán a sus inquilinos.
Así lo anunció la alcaldesa, Jennifer Miranda, al hacer balance de sus primeros cien días y presentar su programa de gobierno para los próximos cuatro años, un acto en el que informó de esta medida que se pondrá en marcha de cara a los presupuestos del año que viene. En la actualidad, el municipio dispone de 64 viviendas en régimen de alquiler. No obstante, ocho habían salido a la venta con el anterior grupo de gobierno. Según dijo, su equipo ha dado marcha atrás, por lo que “no se venderán, sino que seguirán en el parque público”, al tiempo que advirtió, además, de que tres de ellas “serán destinadas a situaciones de emergencia social”.
Más de un centenar de unidades públicas
A esas 64 ya existentes, la intención de la nueva corporación es comprar un paquete de entre 40 y 60 viviendas más, por lo que el parque público de Granadilla de Abona superaría el centenar de unidades.
“La adquisición se hará mediante una licitación pública y podrán optar, tanto tenedores de viviendas terminadas como de otras que se puedan acabar para ponerlas en régimen de alquiler”, avanzó la alcaldesa, quien se mostró dispuesta a buscar la colaboración de otras Administraciones, pero avisó de que “Granadilla tiene recursos sobrados, con más de setenta millones de euros en los bancos -de remanente de tesorería-, por lo que se hará el año que viene con fondos propios, sin esperar por nadie más”.
Cuando los precios del alquiler equivalen al 60% del salario mínimo
Lo explicó la alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda: el alquiler medio en su municipio cuesta, anualmente, unos 9.000 euros, a razón de 750 euros al mes. Esta cifra supone casi el 60% del salario mínimo interprofesional bruto anual, lo cual hace imposible poner en marcha un proyecto de vida.
Hay que tener en cuenta, además, que esta realidad convive con la paradoja de que Granadilla es el municipio de Tenerife donde el banco público “malo”, la Sareb, tiene más viviendas “vacías”: 109 de un total de 279 en la Comarca Sur, según los propios datos de este organismo.
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