Un festival (Pisaca Fest), 1.200 jóvenes congregados en un aforo vallado y previsto para 750 personas, bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, contenedores bloqueando salidas de emergencia, falta de ambulancias y agentes policiales que, finalmente, tuvieron que llevar a cabo el desalojo de un evento que desbordó todas las expectativas. En el otro lado, el Ayuntamiento capitalino, organizador del acto, enfrentado -casi un mes después- a la polémica tras salir a la luz que el Gobierno local solicitó a una empresa privada otro informe para rebatir el elaborado por la Policía Local sobre lo allí acontecido.
Los cinco sindicatos con representación en el Cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife (Asipal, CC.OO., CSIF, Intersindical Canaria y UGT) rechazaron ayer la actuación de la Corporación capitalina sobre lo ocurrido en el Pisaca Fest el pasado 29 de septiembre, al considerar que la actitud del Ayuntamiento “desacredita” al cuerpo de profesionales.
Las organizaciones sindicales apuntaron que “si la Administración hace suyo el informe privado, podríamos estar hablando de un delito de falsificación documental, además de que sería intolerable que desdiga el parecer público frente a uno privado con claros intereses en justificar su incompetencia”.
En este sentido, los representantes policiales exigieron una rápida respuesta pública por parte de la responsable del Área de Seguridad, la concejala Gladis de León, a la que reclaman que “descarte la veracidad de cualquier informe privado frente al de carácter público y policial”.
Asimismo, confiaron en que la Jefatura de Policía Local, habiendo recibido informe preceptivo de la intervención realizada, haya dado cuenta de los hechos acaecidos en el Pisaca Fest a la Fiscalía de Menores, pues “se vieron afectados varios menores de edad en este evento”.
Las organizaciones sindicales recordaron que ante la situación vivida el día del festival, la Policía Local solo tuvo conocimiento de la misma a través de una orden de servicio que dictaba “frecuentes recorridos” por la zona, como si se tratase de un evento de baja peligrosidad y dado que, con la escasez de personal que padece el Cuerpo, “no podía cubrirse la seguridad de dicho evento sin establecer un dispositivo extraordinario que requiriera la puesta en servicio de personal en jornada de descanso, cosa que no sucedió”.
Al respecto, añadieron que “dicho acto fue suspendido debido a que las medidas de seguridad fueron ampliamente sobrepasadas por el exceso de aforo, y por la situación descrita, que sobrevino en exponer a los menores presentes a situaciones extremas de riesgo”. Una circunstancia que llevó al inspector responsable de la Unidad de Servicio Ordinario, debido a que no existía un refuerzo del servicio de Policía, a redactar un informe policial donde se detallaba cada una de las previsiones en cuestión de seguridad de evento, así como las actuaciones realizadas por el Cuerpo.
Los sindicatos exigen a la edil de Seguridad, Gladis de León, que “salga en defensa de la Policía que dirige”
“Lo sorprendente, y lo que denunciamos ahora los cinco sindicatos policiales, es la intención de la Administración de desacreditar este informe policial, un informe con presunción de veracidad realizado por una parte imparcial como los garantes de la seguridad municipal, el cual resulta incuestionable frente al de una empresa privada con evidentes intereses y parcialidad, a la que el Ayuntamiento optó por encargar el plan de seguridad de un acto en el que la mayoría de los asistentes fueron menores”, subrayaron. En este sentido, criticaron que “el cuerpo de la Policía Local se encuentra en situación de orfandad” y, por ello, exigieron a Gladis de León que “salga en defensa de la Policía que dirige y ponga fin a esta situación desechando un informe externo de la propia empresa que no cumplió con lo que se esperaba de ella”.
Cabe recordar que el distrito Centro-Ifara, donde se celebró esta fiesta, que contó con el apoyo de la Concejalía de Juventud, encargó la elaboración del plan de seguridad a la empresa Manuel Asensio, que asegura en su informe que informó al 1-1-2 de la celebración del acto, y que informó “a los quioscos dispuestos en el acto la prohibición de vender cualquier tipo de bebida alcohólica a menores de edad”.
No obstante, en el informe de la Policía no se precisa que se vendía alcohol dentro del recinto, aunque sí que “había gran cantidad de menores consumiendo bebidas”.
Alcohol
En el contrainforme se añade que “los menores tenían síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, así como un alto nivel de agresividad a su llegada al recinto”. Mientras, la Policía contabiliza a una menor en coma etílico y otros cuatro afectados por ingesta de alcohol, lo cual hizo que dos tuvieran que ser desplazados al centro de salud.
Igualmente, Manuel Asensio acredita que “por parte de la dirección técnica, así como los vigilantes de seguridad, se limita el acceso al recinto una vez llegado al aforo de 750 personas, debido a la gran afluencia en el exterior”, mientras que la Policía cifra en 1.200 las allí congregadas.
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