Un ‘Rincón’ en eterna parálisis y debate

El triunfo de una visión sostenible de Canarias, de una simbiosis edificante entre turismo, agricultura, medio ambiente y desarrollo, tuvo en la lucha de los 80 por “Salvar El Rincón” uno de los principales referentes. Es más, la ley regional de 1992 que protegió este paraje orotavense de dos millones de metros cuadrados (que incluye la mayor extensión agrícola por debajo de la TF-5 y tres de las mejores playas del norte), norma nacida tras la recogida de 35.000 firmas y por la que el alcalde de entonces (el ínclito e inolvidable Isaac Valencia) dijo que el Parlamento “se había bajado los pantalones”, sirvió desde entonces de ejemplo estatal para otras causas ecologistas y sociales, y derivó en un Plan Especial (1997) tan elogiado por unos, como irrealizable y “bolivariano” para otros.

De hecho, han pasado 31 y 26 años de ambos hitos y El Rincón sigue moviéndose, por paradójico que parezca, entre la parálisis y las telas de araña del texto legal y su proyecto de actuaciones, con unas interpretaciones bien dispares entre propietarios y la Coordinadora Ecologista (que hace unos años mantenían una actitud más colaboradora) y unas nuevas administraciones que intentan reactivar el Consorcio, pero que no han podido evitar en estos primeros meses de mandato fricciones entre los que creen que se debe cumplir todo tal y como se concibió y los que consideran imprescindibles cambios que quiten corsés en pro del “desarrollo”.

Por supuesto, los ecologistas creen que ese último término, en realidad, esconde la sempiterna apuesta de diversos sectores políticos y de una parte de los dueños de las fincas por el “desarrollismo”. Toño Sánchez, uno de los principales referentes de la Coordinadora desde que Valencia comenzó a insinuar la urbanización de El Rincón a principios de los 80, recuerda que “no se ha cumplido absolutamente nada del plan del 97 y se sigue diciendo que hay que modificarlo, cuando lo que sí ha ocurrido es que se han ido cambiando cultivos sin que pase nada”, aparte de la palpable recuperación de terrenos agrícolas explotados en comparación con periodos previos.

El grupo ecologista, un referente estatal que también fue clave en otras luchas y hasta en la denuncia inicial de Las Teresitas, teme que los dueños “solo quieran cambiar el plan para construir cabañas turísticas que saben que no caben en la ley y que, como otras ilegalidades que se han cometido pese a advertirlo de forma reiterada, jamás permitiríamos”.

Sánchez achaca la situación de este arrinconamiento de la ley y el plan a la falta de voluntad política. “CC dice ahora que, de 2019 a 2023, el Gobierno regional no hizo nada con el Consorcio y siempre he criticado la falta de voluntad política, que ha desaprovechado El Rincón para servir de ejemplo de otro modelo, pero es que ellos tampoco hicieron nada de 2000 a 2014”.

“Tras tantos años -subraya-, ya va siendo hora de que se active de nuevo el Consorcio, aunque nos ha asustado que lo primero que se dice en este mandato es que hay que revisar el Plan Especial. Lo que hay que hacer, en realidad, es cumplirlo. Solo a una parte de los dueños nunca les gustó y, por supuesto, al Gobierno local. No se puede decir que no ha funcionado si no se ha desarrollado ni una de sus medidas, ni agrícolas ni de otro tipo. Por eso, me hace gracia que digan que allí no se puede hacer nada, cuando se han cambiado, por ejemplo, muchos cultivos alternativos al plátano y se hacen obras de riego. De hecho, muchas veces les digo que miren en los mapas de Grafcan todo lo que se ha hecho desde el 92, no todo legal, ni mucho menos”.

“El dinero que ha habido -añade-, que no ha sido mucho, se ha invertido en obras que no correspondían al Consorcio, como la escalera de la playa de Los Patos. Por eso, pediremos en la próxima reunión del Consorcio que se desarrolle alguna medida con la partida que quede y que la gente vea que las cosas se mueven en El Rincón, pero en el sentido de la ley, el de un paraje protegido por su agricultura”.

Los propietarios, por el contrario, tienen una visión radicalmente distinta. Tanto, que la asociación que preside Miguel Ángel González de Chaves asegura que el plan tiene “una redacción tan próxima a un régimen bolivariano que, afortunadamente, ha sido y será inviable, al menos mientras exista propiedad privada y libertad económica”.

A su juicio, proyectos como el hotel difuso, el camping o el centro ecuestre previstos, en realidad, se plantearon desde “lo idílico, pues se decía que generarían rentas a redistribuir entre los dueños gestionadas desde lo público, cuando la verdad es que ninguna iniciativa se ha podido trasladar a la realidad y, hoy, ese modelo de gestión, con una visión retrospectiva, se puede catalogar de naif”.

Los dueños dicen que, frente a la ley y el plan, nunca han sido compensados en lo económico. “Más bien lo contrario: hemos sido ninguneados por los políticos y técnicos más cercanos, abandonados en un rincón del municipio sin servicios públicos dignos. Han mirado para otro lado ante el compromiso de soterrar el tendido provisional eléctrico que va al Puerto, no existe saneamiento y han dificultado hasta lo indecible los trámites urbanísticos. Por tanto, más bien cabe reclamar daños y perjuicios por lucro cesante, al que daremos el debido trámite judicial”.

Tienen claro que el plan está “obsoleto” y, aunque aún creen plausible el objetivo de la ley del 92, consideran que sigue primando una mentalidad “planificadora, expropiatoria, redistributiva e intervencionista fuera de época”, visión que achacan, sobre todo, a la Coordinadora, a la que acusan de limitar su derecho a la propiedad privada y de querer acotar sus ventas agrícolas a La Orotava, todo lo contrario del liberalismo total que claramente profesan, como demuestran en su última nota pública.

Además, advierten de que, desde 2017, con la nueva ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, el plan ha quedado “aún más en un limbo jurídico ininterpretable por los propios funcionarios. Una situación de bloqueo, con evidente inseguridad jurídica y un difícil encaje en el marco de la normativa vigente y, por eso, y ante la inactividad del Consorcio y de las instituciones públicas que lo componen, impugnamos el plan ante el Juzgado de lo Contencioso”.

VISIÓN DEL CONSISTORIO

Narciso Pérez, concejal de Urbanismo de La Orotava y edil desde 1999, conoce muy bien la problemática de El Rincón. Lamenta que ahora se enciendan las alarmas cuando, “a diferencia de la legislatura regional anterior, cuando la actividad fue nula y no se abordó ningún asunto, lo que se busca en estos momentos es reactivar lo antes posible el Consorcio por parte de las administraciones, con el aparato técnico de Gesplan”.

“Aún esperamos por las últimas designaciones de integrantes y queremos acelerarlo para abordar cuestiones como la mejora de la vía al Bollullo, cuyo proyecto está terminado desde 2019, que tenía financiación y que prevé tráfico restringido, como en Punta de Teno, los fines de semana, con una guagua pequeña para quitar la densidad actual de vehículos”.

Según remarca, “esa inacción hizo que los interventores del Cabildo y del Consistorio obligaran al reintegro de las cantidades aportadas al Consorcio”. “Asimismo, queremos impulsar el plan de regadío específico para mantener ese suelo agrícola y el sendero de la costa que uniría El Bollullo con El Ancón, pues muchos ciudadanos se alegran del arreglo del acceso a Los Patos, pero critican las dificultades para llegar hasta ahí”, afirma.

Pérez niega que se quiera cambiar el plan e insiste en la palabra “revisión, aunque siempre desde el consenso entre las partes, desde un punto de equilibrio. Es evidente que hay que actualizar, manteniendo la filosofía con el que se creó, que es la protección del territorio, pero han pasado muchos años y se deben actualizar cosas y, para ello, es clave el Consorcio”.

“Ya no denunciamos porque cuesta dinero y los fallos ni se cumplen”

Desde 1992, y pese a la gran protección de la ley, se han ejecutado obras particulares en diversas partes de El Rincón, no todas permitidas, “ni mucho menos”, según remarca Sánchez. El propio Narciso Pérez admite que ha habido otros expedientes, aparte del restaurante del Bollullo (“cuyo dueño siguió para adelante pese a nuestras actas”), pero niega que se haya mirado para otro lado en algunos casos y defiende con énfasis la actuación del Consistorio y sus técnicos. El propietario de este negocio, sin embargo, sostiene a este periódico que lo que ha ejecutado hasta ahora “fue aprobado por el Ayuntamiento en su día, que solo falta la resolución de Costas y que todo se aclarará en el juicio” abierto.

La Coordinadora, por el contrario, lamenta que no se les hiciera caso cuando “a ciertos empresarios, como el de la playa, les advertimos de que debían ajustarse a la norma y que, de ser así, les defenderíamos, pero que no debían hacer ningún tipo de irregularidades. Sin embargo, denunciamos obras antes de que abrieran algunos de estos negocios porque eran claramente ilegales y, luego, nos han criticado por poner en peligro empleos cuando ellos no se ajustaron a lo permitido”.

Los ecologistas dicen que ya no denuncian más porque, aunque han ganado algunos casos, “las sentencias no se cumplen, no se derriba lo ilegal y se repone lo modificado, de otras situaciones denunciadas no se sabe nada aún y todo esto nos cuesta dinero: el que tiene que actuar es el Ayuntamiento”, subraya Toño Sánchez.

El concejal, por su parte, prefiere no entrar en los casos judicializados (la Fiscalía ha intervenido en lo del Bollullo), pero recalca que se ha actuado siempre “conforme a la ley, levantando actas e informando de todo”.

Mientras, El Rincón, su célebre ley y su plan siguen en una eterna parálisis y debate.