Los responsables de la Plataforma de Atención Temprana en Canarias (Patdi), que luchan en la defensa de los derechos de la infancia con diversidad funcional y para conseguir una red pública del servicio, se reunieron ayer con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, el consejero de Educación, Poli Suárez, y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.
En la cita se avanzó en la creación de la Comisión técnica que recoge la Ley de Atención Temprana, en la que participará Patdi. El Ejecutivo espera presentar en junio de 2024 el Plan Integral de Atención Temprana. Con esta reunión “se ha dado un paso importante”, ya que las familias “llevan muchos años luchando por una atención digna” y que “se puede abarcar a más población”, reconoció Esther Monzón.
Desde Patdi señalaron que el Gobierno insistió en que para poder “avanzar de manera rápida habría que externalizar los servicios” mientras que las familias que defienden que “la gestion debe ser pública, además de garantizar que sea totalmente gratuita”. También pide que un responsable de Sanidad constate la “supervisión de los acuerdos que se llegue con las entidades privadas” que vayan a desarrollar la Atención Temprana, y siempre con el “escrupuloso cumplimiento de lo que establece la Ley” tanto en el personal como a la derivación de los usuarios. Por último, exigió “claridad en los protocolos de coordinación” entre las Consejerías.
La Plataforma recordó que hay más de 9.000 menores en el Archipiélago con algún tipo de trastorno del desarrollo o en riesgo de padecerlo y que, sin embargo, no se está cumpliendo la Ley aprobada en 2019.
Recuerda que el desarrollo de las acciones que recoge la Ley de Atención Temprana “ha sido incompleta y de baja calidad”. Reclaman a Sanidad tres Unidades de Atención Temprana por crear, la primera de Lanzarote, así como las terceras en Gran Canaria y Tenerife. Incluso las 11 previstas “son insuficientes para responder a la demanda”.
Además Bienestar Social continúa sin aportar profesionales psicomotricistas y trabajadoras sociales. Mientras que a Educación le pide crear equipos específicos, para “detectar signos de alarma en el desarrollo” de menores hasta 3 años.
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